Izquierda Unida Getafe manifiesta su descontento con la decisión del Partido Socialista de Madrid (PSM) de no votar en contra de los presupuestos regionales para el próximo año, al entender que las cuentas del Gobierno de Esperanza Aguirre servirán para seguir aplicando políticas perjudiciales para los vecinos y vecinas de la región y, en particular, de nuestro municipio.
Desde la Dirección Política, se cuestiona la actitud socialista, siguiendo criterios de actuación marcados por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya que supone, en la práctica, dar un cheque en blanco a la política de derechas emprendida por el Partido popular en la Comunidad de Madrid.
El resultado de dar luz verde a los presupuestos regionales supondrá, a juicio de Izquierda Unida, acentuar en Getafe y el resto de municipios madrileños las consecuencias de la crisis económica y financiera generada por el sistema que defiende con vehemencia Esperanza Aguirre.
Los trabajadores y trabajadoras desempleadas, sus familias, y los más jóvenes serán los principales perjudicados de esta decisión política. En ellos y en el resto de ciudadanos y ciudadanas, repercutirá directamente la privatización de la sanidad, de la educación, del Canal de Isabel II y la política regional de vivienda, que sólo beneficia a promotores y constructores en detrimento de quienes presentan dificultades para adquirir un piso.
viernes, 24 de octubre de 2008
jueves, 16 de octubre de 2008
Izquierda Unida promueve iniciativas para evitar la privatización de la sanidad pública
Izquierda Unida Getafe va a presentar una moción al Pleno del Ayuntamiento, siguiendo la línea marcada por la coalición a nivel nacional, en la que insta al Gobierno estatal a que promueva un recurso de inconstitucionalidad “contra la generalización de la figura de concesión a empresas privadas de centros sanitarios en la Comunidad de Madrid, pidiendo la paralización de las concesiones”.
Ante la posible incompatibilidad de esta concesión a empresas privadas con el mantenimiento de la Sanidad como servicio público, Izquierda Unida se dirigirá al Defensor del Pueblo para que estudie también la viabilidad de dirigirse al Tribunal constitucional en defensa de la sanidad pública y contra la privatización de hospitales.
Para la coalición, el PP de Madrid está realizando una “mutación del sistema sanitario público” de forma más acelerada que en otras Comunidades. En esta línea, IU se postula del lado de los trabajadores y trabajadoras que son “los únicos que están defendiendo el sistema y protestan por el desmantelamiento de los servicios públicos”.
Asimismo, Izquierda Unida cuestiona la política sanitaria del PSOE madrileños al aceptar un porcentaje de privatización ( en torno al 14%) como adecuado, sin tener en cuenta ni las necesidades de la población, ni las consecuencias que su propuesta tendría en el servicio sanitario público.
IU aboga clara y rotundamente por la negativa a cualquier privatización en la sanidad tanto en Getafe como en cualquier lugar.
IU planteará en el seno de la Plataforma Local en Defensa de la Sanidad Pública el rechazo a la aceptación de cualquier porcentaje de “privatización asumible” y que el PSOE local muestre públicamente su rechazo a las declaraciones del secretario general del PSM en este sentido.
Fuentes de IU se han preguntado qué pasaría si entre los centros privatizados en el cupo planteado por los socialistas se encontrase el Hospital de Getafe.
Ante la posible incompatibilidad de esta concesión a empresas privadas con el mantenimiento de la Sanidad como servicio público, Izquierda Unida se dirigirá al Defensor del Pueblo para que estudie también la viabilidad de dirigirse al Tribunal constitucional en defensa de la sanidad pública y contra la privatización de hospitales.
Para la coalición, el PP de Madrid está realizando una “mutación del sistema sanitario público” de forma más acelerada que en otras Comunidades. En esta línea, IU se postula del lado de los trabajadores y trabajadoras que son “los únicos que están defendiendo el sistema y protestan por el desmantelamiento de los servicios públicos”.
Asimismo, Izquierda Unida cuestiona la política sanitaria del PSOE madrileños al aceptar un porcentaje de privatización ( en torno al 14%) como adecuado, sin tener en cuenta ni las necesidades de la población, ni las consecuencias que su propuesta tendría en el servicio sanitario público.
IU aboga clara y rotundamente por la negativa a cualquier privatización en la sanidad tanto en Getafe como en cualquier lugar.
IU planteará en el seno de la Plataforma Local en Defensa de la Sanidad Pública el rechazo a la aceptación de cualquier porcentaje de “privatización asumible” y que el PSOE local muestre públicamente su rechazo a las declaraciones del secretario general del PSM en este sentido.
Fuentes de IU se han preguntado qué pasaría si entre los centros privatizados en el cupo planteado por los socialistas se encontrase el Hospital de Getafe.
viernes, 10 de octubre de 2008
IZQUIERDA UNIDA PROMUEVE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS Y CENTROS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
En 1986 la Ley General de Sanidad (LGS) configuró el Sistema Nacional de Salud (SNS) como conjunto de "estructuras y servicios públicos al servicio de la Salud", tanto los de la administración del Estado (hoy ya transferidos) como los de las Comunidades Autónomas (artículo 44). El SNS integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud (artículo 45).
La universalización del derecho a la asistencia y la gratuidad de la incluida en el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social (ya no contributivas, sino financiadas íntegramente con fondos públicos) han perfilado los trazos del sistema y reforzado su consideración como función y responsabilidad de los poderes públicos competentes (en síntesis, las funciones de regulación y dirección del SNS corresponden al Estado, mientras que la gestión de las prestaciones compete a las Comunidades Autónomas, a través de sus servicios de salud respectivos, que organizan a su criterio).
La Ley General de Sanidad (LGS) establece el principio de gestión unitaria (por áreas de salud) de los centros y establecimientos del servicio de salud de la Comunidad Autónoma (artículo 56.2), de acuerdo con la concepción integral del sistema sanitario que en ella se proclama (artículo 4.2). Esos centros y establecimientos (de titularidad estatal, autonómica, local entidades públicas) o privados, vinculados a la red pública en virtud de los correspondientes convenios (artículo 67 LGS) o conciertos (artículo 90 LGS).
La organización de las prestaciones sanitarias en cada servicio de salud depende de la Comunidad Autónoma respectiva, en virtud de su potestad de autoorganización de los servicios a su cargo. Por consiguiente, en el marco de la LGS se pueden utilizar las formas de gestión admitidas con carácter general.
Desde el punto de vista jurídico el término "privatización" puede tener un triple significado: a) atribución al sector privado de tareas o funciones que eran competencia y responsabilidad estatal (privatización material); b) gestión (indirecta) de tareas o funciones públicas a través de empresarios privados, en virtud de contratos (privatización funcional); y c) ejercicio de tareas o funciones públicas en régimen de derecho privado a través de organismos y entidades (entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas), que actúan sometidas en todo o en parte a ese sector del ordenamiento jurídico (privatización formal).
La generalización de la gestión indirecta de servicios públicos por empresas privadas puede ser un paso intermedio en el camino hacia la entrega al sector privado de la prestación de esa actividad.
Los defensores de la sanidad pública temen que la tendencia a la privatización “funcional” que se detecta en algunas Comunidades Autónomas constituya un paso intermedio hacia la privatización “material” de la asistencia sanitaria, quebrando el actual modelo de SNS. Pero a este resultado se oponen no sólo obstáculos legales, que se podrían superar mediante modificaciones legislativas, sino también constitucionales, lo que ya no es tan fácil de soslayar.
Lo relevante para calificar una determinada actividad como servicio público es que esté atribuida por la Ley a los poderes públicos, quedando éstos obligados a garantizar su prestación, para lo cual podrán utilizar las modalidades de gestión (directa o indirecta) legalmente previstas.
La gestión indirecta supone la colaboración de los particulares en ejercicio de sus derechos constitucionales, cuyo respeto debe hacerse compatible con la configuración de la actividad como servicio público.
Las formas de gestión indirecta, se caracterizan porque la prestación del servicio se encomienda a un empresario privado en virtud del correspondiente contrato.
Ésta requiere, además, que se haya determinado previamente su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
La "apertura" hacia otras formas de gestión se instrumentó mediante el Real Decreto-Ley 1011996, de 17 de junio, y la Ley 1511997, de 25 e abril, de Habilitación de Nuevas normas de Gestión del Sistema Nacional de Salud.
Es importante subrayar que, cualquiera que sea la opción organizativa que se adopte, se mantiene en todo caso la "condición de servicio público" de la actividad, con independencia de que se preste en régimen de derecho público o de derecho privado.
El carácter público del sistema de la Seguridad Social es compatible con la incidencia de formas de gestión o responsabilidad privadas: "Lo que verdaderamente ha de ser tutelado por imperativo constitucional es que no se pongan en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social a la que pertenecen", si bien "el carácter público del sistema de seguridad social no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas, de importancia relativa en el conjunto de la acción protectora de aquél".
Mientras la asistencia sanitaria básica esté incluida en el sistema público de la Seguridad Social, la garantía constitucional de dicho sistema obliga a mantener la titularidad pública de una red de asistencia primaria y hospitalaria, lo que no impide la colaboración de centros y establecimientos sanitarios privados, pero sí que toda la asistencia (o la mayor parte) sea prestada por éstos, aunque se configurase como gestión indirecta de un servicio público y no como una actividad meramente privada.
Las actividades de contenido predominantemente social (aunque sean susceptibles de explotación económica), que son competencia y responsabilidad de los poderes públicos. En relación con ellas éstos no son sólo "garantes", sino que también son y deben seguir siendo "prestadores" con sus propios medios, es decir, a través de centros y establecimientos de titularidad pública y gestión directa, cualquiera que sea su forma de organización y el régimen jurídico aplicable (derecho público o privado).
En definitiva, parece razonable sostener que la efectividad de los mandatos constitucionales relativos a la protección de la salud y al mantenimiento obligatorio de un sistema público de seguridad social implica la existencia de una red de establecimientos de titularidad pública que deben ser gestionados directamente (con o sin atribución de personalidad jurídica propia), sin perjuicio de la colaboración de los centros privados, fundamentalmente mediante fórmulas de concertación. También es admisible la concesión y alguna otra fórmula análoga, como el nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el privado, previsto en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Pero éstas deben ser excepciones a la regla de la gestión directa, y por ello necesitadas de justificación concreta, sin que sea suficiente la genérica previsión legal de su admisibilidad.
Por todo ello, se presenta la siguiente,
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el marco de sus competencias en la garantía de Servicio Público de Salud a:
1.- Estudiar la posible incompatibilidad de la generalización de la figura de la concesión a empresas privadas de Hospitales y centros de Salud en la Comunidad Madrid, con el mantenimiento de la Sanidad como Servicio Público tal y como contempla la Constitución.
2.- A que promueva en su caso recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la generalización de la figura de concesión a empresas privadas de centros sanitarios en la Comunidad Autónoma de Madrid, pidiendo la paralización de dichas concesiones.
3.- A que informe de todo ello al Parlamento a lo largo de 2009”.
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 2 de octubre 2008
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
En 1986 la Ley General de Sanidad (LGS) configuró el Sistema Nacional de Salud (SNS) como conjunto de "estructuras y servicios públicos al servicio de la Salud", tanto los de la administración del Estado (hoy ya transferidos) como los de las Comunidades Autónomas (artículo 44). El SNS integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud (artículo 45).
La universalización del derecho a la asistencia y la gratuidad de la incluida en el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social (ya no contributivas, sino financiadas íntegramente con fondos públicos) han perfilado los trazos del sistema y reforzado su consideración como función y responsabilidad de los poderes públicos competentes (en síntesis, las funciones de regulación y dirección del SNS corresponden al Estado, mientras que la gestión de las prestaciones compete a las Comunidades Autónomas, a través de sus servicios de salud respectivos, que organizan a su criterio).
La Ley General de Sanidad (LGS) establece el principio de gestión unitaria (por áreas de salud) de los centros y establecimientos del servicio de salud de la Comunidad Autónoma (artículo 56.2), de acuerdo con la concepción integral del sistema sanitario que en ella se proclama (artículo 4.2). Esos centros y establecimientos (de titularidad estatal, autonómica, local entidades públicas) o privados, vinculados a la red pública en virtud de los correspondientes convenios (artículo 67 LGS) o conciertos (artículo 90 LGS).
La organización de las prestaciones sanitarias en cada servicio de salud depende de la Comunidad Autónoma respectiva, en virtud de su potestad de autoorganización de los servicios a su cargo. Por consiguiente, en el marco de la LGS se pueden utilizar las formas de gestión admitidas con carácter general.
Desde el punto de vista jurídico el término "privatización" puede tener un triple significado: a) atribución al sector privado de tareas o funciones que eran competencia y responsabilidad estatal (privatización material); b) gestión (indirecta) de tareas o funciones públicas a través de empresarios privados, en virtud de contratos (privatización funcional); y c) ejercicio de tareas o funciones públicas en régimen de derecho privado a través de organismos y entidades (entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas), que actúan sometidas en todo o en parte a ese sector del ordenamiento jurídico (privatización formal).
La generalización de la gestión indirecta de servicios públicos por empresas privadas puede ser un paso intermedio en el camino hacia la entrega al sector privado de la prestación de esa actividad.
Los defensores de la sanidad pública temen que la tendencia a la privatización “funcional” que se detecta en algunas Comunidades Autónomas constituya un paso intermedio hacia la privatización “material” de la asistencia sanitaria, quebrando el actual modelo de SNS. Pero a este resultado se oponen no sólo obstáculos legales, que se podrían superar mediante modificaciones legislativas, sino también constitucionales, lo que ya no es tan fácil de soslayar.
Lo relevante para calificar una determinada actividad como servicio público es que esté atribuida por la Ley a los poderes públicos, quedando éstos obligados a garantizar su prestación, para lo cual podrán utilizar las modalidades de gestión (directa o indirecta) legalmente previstas.
La gestión indirecta supone la colaboración de los particulares en ejercicio de sus derechos constitucionales, cuyo respeto debe hacerse compatible con la configuración de la actividad como servicio público.
Las formas de gestión indirecta, se caracterizan porque la prestación del servicio se encomienda a un empresario privado en virtud del correspondiente contrato.
Ésta requiere, además, que se haya determinado previamente su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
La "apertura" hacia otras formas de gestión se instrumentó mediante el Real Decreto-Ley 1011996, de 17 de junio, y la Ley 1511997, de 25 e abril, de Habilitación de Nuevas normas de Gestión del Sistema Nacional de Salud.
Es importante subrayar que, cualquiera que sea la opción organizativa que se adopte, se mantiene en todo caso la "condición de servicio público" de la actividad, con independencia de que se preste en régimen de derecho público o de derecho privado.
El carácter público del sistema de la Seguridad Social es compatible con la incidencia de formas de gestión o responsabilidad privadas: "Lo que verdaderamente ha de ser tutelado por imperativo constitucional es que no se pongan en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social a la que pertenecen", si bien "el carácter público del sistema de seguridad social no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas, de importancia relativa en el conjunto de la acción protectora de aquél".
Mientras la asistencia sanitaria básica esté incluida en el sistema público de la Seguridad Social, la garantía constitucional de dicho sistema obliga a mantener la titularidad pública de una red de asistencia primaria y hospitalaria, lo que no impide la colaboración de centros y establecimientos sanitarios privados, pero sí que toda la asistencia (o la mayor parte) sea prestada por éstos, aunque se configurase como gestión indirecta de un servicio público y no como una actividad meramente privada.
Las actividades de contenido predominantemente social (aunque sean susceptibles de explotación económica), que son competencia y responsabilidad de los poderes públicos. En relación con ellas éstos no son sólo "garantes", sino que también son y deben seguir siendo "prestadores" con sus propios medios, es decir, a través de centros y establecimientos de titularidad pública y gestión directa, cualquiera que sea su forma de organización y el régimen jurídico aplicable (derecho público o privado).
En definitiva, parece razonable sostener que la efectividad de los mandatos constitucionales relativos a la protección de la salud y al mantenimiento obligatorio de un sistema público de seguridad social implica la existencia de una red de establecimientos de titularidad pública que deben ser gestionados directamente (con o sin atribución de personalidad jurídica propia), sin perjuicio de la colaboración de los centros privados, fundamentalmente mediante fórmulas de concertación. También es admisible la concesión y alguna otra fórmula análoga, como el nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el privado, previsto en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Pero éstas deben ser excepciones a la regla de la gestión directa, y por ello necesitadas de justificación concreta, sin que sea suficiente la genérica previsión legal de su admisibilidad.
Por todo ello, se presenta la siguiente,
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el marco de sus competencias en la garantía de Servicio Público de Salud a:
1.- Estudiar la posible incompatibilidad de la generalización de la figura de la concesión a empresas privadas de Hospitales y centros de Salud en la Comunidad Madrid, con el mantenimiento de la Sanidad como Servicio Público tal y como contempla la Constitución.
2.- A que promueva en su caso recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la generalización de la figura de concesión a empresas privadas de centros sanitarios en la Comunidad Autónoma de Madrid, pidiendo la paralización de dichas concesiones.
3.- A que informe de todo ello al Parlamento a lo largo de 2009”.
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 2 de octubre 2008
jueves, 9 de octubre de 2008
Propuestas de Izquierda Unida ante la situación de crisis económica
Para evitar que las medidas políticas y económicas que plantee el Gobierno para salir de la crisis vuelvan a representar un revés para los intereses más elementales de los ciudadanos, es tiempo de respuesta y de presión social, de movilizaciones. Es el momento de aplicar políticas que defiendan los intereses de las familias obreras y la mayoría social. Para esto es necesaria la actuación discrecional del gasto público para impulsar la actividad productiva y el empleo digno, comprometiendo incrementos en la inversión y garantizando una mayor financiación en los Ayuntamientos y CCAA que garanticen los recursos necesarios e incrementar el gasto social.
1.- Impulsando las políticas sociales, el empleo y la vivienda
-El pleno e inmediato desarrollo de la Ley de de Dependencia
-Incremento de los recursos para los Ayuntamientos para gasto social y empleo
-Impulsar el sector público con empleo digno
-Modernizar los Servicios Públicos de Empleo, personalizando la búsqueda de empleo
-Incremento de las prestaciones por desempleo
-Reducción de la Jornada laboral a 35 horas por Ley
-Dignificación y mejora del Sistema público de Pensiones
-Universalizar la educación pública infantil de 0 a 3 años
-Ampliar la Oferta Pública de Empleo, limitando la externalización de servicios
-Incrementar el Salario Mínimo a 1.100 euros mensuales
-Impulsar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
-Promocionar parques públicos de viviendas en alquiler y la rehabilitación de viviendas y edificios
-Incentivar la puesta en el mercado de viviendas desocupadas y regular el reconocimiento universal a una vivienda digna
-Crear la Renta Básica de la Ciudadanía
-Rechazar la Directiva europea sobre ordenación del tiempo de trabajo
-Control y límite sobre los Expedientes de Regulación de Empleo
2.- Por un modelo sostenible, redistributivo y alternativo
- Incorporar energías renovables y mejorar la eficiencia energética. Conseguir un mayor ahorro y uso eficiente de la energía
-Invertir suficientemente en Transporte Público y en la red convencional de ferrocarril
-Controlar los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios
-Planificar los sectores de electricidad y gas, mejorar la calidad del suministro eléctrico y aplicar precios que beneficien los consumos básicos y penalicen los suntuarios
-Plan de diversificación industrial sostenible y más gasto en I+D+i
3.- Incrementando los recursos públicos y poniendo límite a las grandes fortunas
-Plan urgente de acción contra la economía sumergida, lucha contra el fraude y el delito fiscal y los paraísos fiscales
-Mantenimiento del Impuesto sobre el patrimonio
-Impuesto especial sobre las grandes fortunas
-Creación de Fondos de Reinversión en empresas con beneficios
-Limitar la remuneraciones excesivas de los altos ejecutivos de las empresas
-Creación de una Banca Pública de apoyo a Pymes y familias
QUE NO TE HAGAN PAGAR LA CRISIS ¡MOVILÍZATE!
1.- Impulsando las políticas sociales, el empleo y la vivienda
-El pleno e inmediato desarrollo de la Ley de de Dependencia
-Incremento de los recursos para los Ayuntamientos para gasto social y empleo
-Impulsar el sector público con empleo digno
-Modernizar los Servicios Públicos de Empleo, personalizando la búsqueda de empleo
-Incremento de las prestaciones por desempleo
-Reducción de la Jornada laboral a 35 horas por Ley
-Dignificación y mejora del Sistema público de Pensiones
-Universalizar la educación pública infantil de 0 a 3 años
-Ampliar la Oferta Pública de Empleo, limitando la externalización de servicios
-Incrementar el Salario Mínimo a 1.100 euros mensuales
-Impulsar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
-Promocionar parques públicos de viviendas en alquiler y la rehabilitación de viviendas y edificios
-Incentivar la puesta en el mercado de viviendas desocupadas y regular el reconocimiento universal a una vivienda digna
-Crear la Renta Básica de la Ciudadanía
-Rechazar la Directiva europea sobre ordenación del tiempo de trabajo
-Control y límite sobre los Expedientes de Regulación de Empleo
2.- Por un modelo sostenible, redistributivo y alternativo
- Incorporar energías renovables y mejorar la eficiencia energética. Conseguir un mayor ahorro y uso eficiente de la energía
-Invertir suficientemente en Transporte Público y en la red convencional de ferrocarril
-Controlar los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios
-Planificar los sectores de electricidad y gas, mejorar la calidad del suministro eléctrico y aplicar precios que beneficien los consumos básicos y penalicen los suntuarios
-Plan de diversificación industrial sostenible y más gasto en I+D+i
3.- Incrementando los recursos públicos y poniendo límite a las grandes fortunas
-Plan urgente de acción contra la economía sumergida, lucha contra el fraude y el delito fiscal y los paraísos fiscales
-Mantenimiento del Impuesto sobre el patrimonio
-Impuesto especial sobre las grandes fortunas
-Creación de Fondos de Reinversión en empresas con beneficios
-Limitar la remuneraciones excesivas de los altos ejecutivos de las empresas
-Creación de una Banca Pública de apoyo a Pymes y familias
QUE NO TE HAGAN PAGAR LA CRISIS ¡MOVILÍZATE!
jueves, 2 de octubre de 2008
IZQUIERDA UNIDA LLAMA A LA MOVILIZACIÓN
POR EL TRABAJO DECENTE
NO A LAS 65 HORAS DE JORNADA SEMANAL
CONCENTRACIÓN EN MADRID 7 DE OCTUBRE, 18,30 PLAZA MAYOR
La actual crisis económica es de muy hondo calado y sus consecuencias en términos de empleo y de bienestar social ya empiezan a ser dramáticas para millones de ciudadanos, precisamente los que menos se benefician de los catorce años de espectacular crecimiento económico. Las elevadas tasas de inflación (un 4,9% en agosto de 2008) y el desorbitado déficit exterior (10,7% del PIB), agudizan un complicado escenario que ya pasa factura en forma de mas de medio millón de nuevos parados. Los pensionistas, las personas desempleadas y empleadas precarias, las trabajadoras, los jóvenes o los ochocientos euristas, que ya padecieron un modelo de crecimiento injusto, no pueden continuar soportando la miseria de un modelo económico que margina a la mayoría social mientras una determinada elite económica se enriquece, en demasiadas ocasiones de formal inmoral, cuando no delictiva.
Esta es la enésima crisis del Capitalismo desde que en la década de los años 70 se apostó por un modelo basado en la especulación. A través de complejos procesos de ingeniería financiera y de creación de nuevos instrumentos de inversión opacos, se ha llegado a contaminar de tal forma los balances de algunos bancos que, además de haber llevado a alguno a la quiebra, han generado una situación de desconfianza tal entre los propios participes del mercado que han provocado una restricción de los créditos e inutilizado en gran medida las actuaciones realizadas por los grandes Bancos Centrales para paliar esta delicada situación, llevando al modelo a un callejón sin salida.
Pero además, nuestro propio modelo de desarrollo ya estaba enfermo, donde el retraso tecnológico y de dotación de capital y la pérdida continua de competitividad eran síntomas de ello. Así y tras casi quince años de bonanza económica y especulación salvaje, en donde las empresas han obtenido los mayores beneficios de la historia, se ha realizado una regresiva política fiscal y de subvenciones dirigida a fomentar la rentabilidad de las empresas y de algunos particulares, y se ha convivido con niveles de economía sumergida cercanos al 25% del PIB, la contrapartida obtenida por los trabajadores se ha traducido en pérdidas de poder adquisitivo de los salarios y de su peso en la renta nacional, unos niveles de temporalidad, precariedad y siniestralidad vergonzantes que continúan marcando la realidad laboral de nuestro país, una degradación de los servicios públicos y un endeudamiento histórico de las familias.
Esta crisis se produce en un contexto de ofensiva europea contra los derechos sociales, como muestran las recientes directivas de retorno y de tiempo de trabajo donde, por un lado, se criminaliza al inmigrante, y por otro lado, se exige trabajar más horas a la semana y durante más años con las acciones de ampliación de la edad laboral, y de un giro más nítido a la derecha del Gobierno de Zapatero, como muestra la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio o el incremento de las tarifas eléctricas, unido al recorte del gasto público o la suspensión de la oferta pública de empleo.
Son medidas socialmente inaceptables, que perjudican a la mayoría social y benefician claramente a quienes fueron los principales beneficiarios de la larga etapa de crecimiento, que la izquierda debe combatir para conseguir una salida social a la crisis, que favorezca un cuestionamiento del actual sistema y ayude a cimentar un sistema productivo con mayor capacidad de estabilidad y redistribución, con mayor protección social y con los requerimientos ambientales precisos en el consumo y en la producción para hacerlo sostenible.
NO A LAS 65 HORAS DE JORNADA SEMANAL
CONCENTRACIÓN EN MADRID 7 DE OCTUBRE, 18,30 PLAZA MAYOR
La actual crisis económica es de muy hondo calado y sus consecuencias en términos de empleo y de bienestar social ya empiezan a ser dramáticas para millones de ciudadanos, precisamente los que menos se benefician de los catorce años de espectacular crecimiento económico. Las elevadas tasas de inflación (un 4,9% en agosto de 2008) y el desorbitado déficit exterior (10,7% del PIB), agudizan un complicado escenario que ya pasa factura en forma de mas de medio millón de nuevos parados. Los pensionistas, las personas desempleadas y empleadas precarias, las trabajadoras, los jóvenes o los ochocientos euristas, que ya padecieron un modelo de crecimiento injusto, no pueden continuar soportando la miseria de un modelo económico que margina a la mayoría social mientras una determinada elite económica se enriquece, en demasiadas ocasiones de formal inmoral, cuando no delictiva.
Esta es la enésima crisis del Capitalismo desde que en la década de los años 70 se apostó por un modelo basado en la especulación. A través de complejos procesos de ingeniería financiera y de creación de nuevos instrumentos de inversión opacos, se ha llegado a contaminar de tal forma los balances de algunos bancos que, además de haber llevado a alguno a la quiebra, han generado una situación de desconfianza tal entre los propios participes del mercado que han provocado una restricción de los créditos e inutilizado en gran medida las actuaciones realizadas por los grandes Bancos Centrales para paliar esta delicada situación, llevando al modelo a un callejón sin salida.
Pero además, nuestro propio modelo de desarrollo ya estaba enfermo, donde el retraso tecnológico y de dotación de capital y la pérdida continua de competitividad eran síntomas de ello. Así y tras casi quince años de bonanza económica y especulación salvaje, en donde las empresas han obtenido los mayores beneficios de la historia, se ha realizado una regresiva política fiscal y de subvenciones dirigida a fomentar la rentabilidad de las empresas y de algunos particulares, y se ha convivido con niveles de economía sumergida cercanos al 25% del PIB, la contrapartida obtenida por los trabajadores se ha traducido en pérdidas de poder adquisitivo de los salarios y de su peso en la renta nacional, unos niveles de temporalidad, precariedad y siniestralidad vergonzantes que continúan marcando la realidad laboral de nuestro país, una degradación de los servicios públicos y un endeudamiento histórico de las familias.
Esta crisis se produce en un contexto de ofensiva europea contra los derechos sociales, como muestran las recientes directivas de retorno y de tiempo de trabajo donde, por un lado, se criminaliza al inmigrante, y por otro lado, se exige trabajar más horas a la semana y durante más años con las acciones de ampliación de la edad laboral, y de un giro más nítido a la derecha del Gobierno de Zapatero, como muestra la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio o el incremento de las tarifas eléctricas, unido al recorte del gasto público o la suspensión de la oferta pública de empleo.
Son medidas socialmente inaceptables, que perjudican a la mayoría social y benefician claramente a quienes fueron los principales beneficiarios de la larga etapa de crecimiento, que la izquierda debe combatir para conseguir una salida social a la crisis, que favorezca un cuestionamiento del actual sistema y ayude a cimentar un sistema productivo con mayor capacidad de estabilidad y redistribución, con mayor protección social y con los requerimientos ambientales precisos en el consumo y en la producción para hacerlo sostenible.
martes, 30 de septiembre de 2008
GLOBALIZACIÓN Y CRISIS FINANCIERAS
La organización Local de IU Getafe organizó, el pasado 24 de Septiembre, una Conferencia – Debate público acerca de la problemática reseñada en el titular. Resultó ser una iniciativa cuya utilidad y oportunidad están a la vista, habida cuenta del tsunami financiero (con sus correspondientes repercusiones económicas y sociales), que sacude al mundo y del que aún, lamentablemente, queda mucho por ver, y por hablar.
Asistimos a la crisis global del sistema neoliberal capitalista, agudizada en su versión extrema anglosajona, provocada por ansias ilimitadas de acumulación privada e ilícita de ganancias y beneficios, sin ningún tipo de cortapisas, sin regulaciones y garantías mínimas básicas.
Aparece el Capitalismo salvaje en su estado puro: aparece su verdadera naturaleza especulativa, corrupta y parasitaria, desbocada y envalentonada a raíz de las profundas transformaciones geopolíticas de inicios de los años 90, y del imperio del pensamiento único.
En ese contexto, las libertades y los valores democráticos, humanistas, así como las políticas sociales y los servicios públicos quedan a los pies de los caballos: surge con vehemencia el descomunal poder de los mercados financieros y su predominio total y absoluto sobre la Política, sobre el conjunto de la Sociedad.
La trilogía compuesta por Bancos, Bolsas y grandes corporaciones transnacionales es la expresión orgánica de un conjunto sistémico que lo invade y lo domina todo.
Ante la quiebra del sistema, ante este “Pearl Harbour Financiero”, las terapias de choque son sobrecogedoras: en los EE.UU de América se invierten nada menos que 700.000 millones de Dólares del Estado (algo así como 100 billones de las antiguas pesetas), para salvar Wall Street, auténtico corazón y motor del sistema financiero mundial; en Europa, la UE da luz verde a los Estados para rescatar sus entidades financieras; los Bancos Centrales inundan los mercados de Dólares y de Euros; así, el Banco Central Europeo y los gobiernos de Gran Bretaña, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Francia, Holanda....inyectan miles de millones de euros en sus sistemas financieros y bancarios; por su parte, y en medio de este caos, el BSCH-Santander, que anuncia unas ganancias de 10.000 millones de euros netos en 2008 (un 10,3 % mas que en 2007), se dedica a comprar por doquier activos y entidades bancarias.
De este cuadro indicativo se desprenden al menos dos consideraciones centrales:
1. Todas estos movimientos y sacudidas de fondo están sirviendo para llevar a cabo una profunda reestructuración del poder financiero, una nueva redistribución de la riqueza planetaria, una intensa concentración del capital y de los mercados.
2. Socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias; utilización del dinero público para sanear y reflotar bancos, empresas y entidades privadas. Ahora el Estado se encarga de comprar los cuantiosos activos bancarios contaminados por las hipotecas basura, para después revenderlos, privatizarlos, cuando la situación se estabilice y escampe la tempestad.
El recurso al “Papá Estado”, ahora sí vale, cuando vienen mal dadas, para aquellos gurús e instituciones financieras que, cuando les va bien, en época de vacas gordas, impulsan y pregonan el “Estado cero” jibarizado y ausente.
Mientras tanto se somete a un nuevo castigo fiscal a los contribuyentes: son ellos los que pagan los costes derivados de la especulación, la avaricia y la corrupción de los mercados financieros.
La especulación y corrupción reinantes en el sistema financiero global hacen que se ponga en circulación una descomunal cantidad de dinero ficticio, virtual, inexistente; capitales que actúan y se mueven al margen de la economía útil, real, productiva. (las conocidas burbujas)
Estos movimientos incontrolados de capitales mafiosos generan consecuencias nefastas sobre el crecimiento económico (en disminución), sobre el empleo (aumento del paro) y sobre el poder adquisitivo (en retroceso, aumento de la carestía, deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las gentes).
Estamos ante un gigantesco hurto: meter las manos en las arcas públicas para salvar a los grandes tiburones de las Finanzas, responsables directos de este desastre, junto a los gobiernos cómplices, y no para determinar ayudas y subvenciones que contribuyan a aliviar las penurias, dificultades y angustias que se instalan entre amplios sectores populares y mayorías sociales.
Subvencionar a los depredadores es obsceno.
Tan es así que el propio Presidente del Parlamento Europeo, el democristiano alemán Hans Gert Poettering, acaba de declarar que “no se pueden dar 700.000 millones de dólares de los contribuyentes para salvar el sistema financiero, y no para luchar contra el hambre en el mundo. Esto no es aceptable”. Pos su parte, el Presidente francés Nicolas Sarkozy, uno de los arietes más significativos de las políticas contrasociales y de ajuste duro, se descuelga afirmando la necesidad de “refundar el capitalismo sobre las bases éticas”, como si ambos extremos fuesen compatibles.
Como afirma Antonio Gala: “algo huele a podrido en los EEUU y en el entero sistema dominante”.
En esta encrucijada, uno de los riesgos más graves de este momento histórico es que Estados Unidos y sus aliados pretendan limitar o detener la decadencia del sistema con el recurso a una guerra generalizada de imprevisibles consecuencias.Por eso, una de las cuestiones centrales que la izquierda, que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales democráticas y progresistas, debe plantearse, es la búsqueda de una nueva civilización. Hay que tener ideales y pautas de conducta; hay que crear un nuevo discurso capaz de enfrentarse con éxito y solvencia al del capital.
Asistimos a la crisis global del sistema neoliberal capitalista, agudizada en su versión extrema anglosajona, provocada por ansias ilimitadas de acumulación privada e ilícita de ganancias y beneficios, sin ningún tipo de cortapisas, sin regulaciones y garantías mínimas básicas.
Aparece el Capitalismo salvaje en su estado puro: aparece su verdadera naturaleza especulativa, corrupta y parasitaria, desbocada y envalentonada a raíz de las profundas transformaciones geopolíticas de inicios de los años 90, y del imperio del pensamiento único.
En ese contexto, las libertades y los valores democráticos, humanistas, así como las políticas sociales y los servicios públicos quedan a los pies de los caballos: surge con vehemencia el descomunal poder de los mercados financieros y su predominio total y absoluto sobre la Política, sobre el conjunto de la Sociedad.
La trilogía compuesta por Bancos, Bolsas y grandes corporaciones transnacionales es la expresión orgánica de un conjunto sistémico que lo invade y lo domina todo.
Ante la quiebra del sistema, ante este “Pearl Harbour Financiero”, las terapias de choque son sobrecogedoras: en los EE.UU de América se invierten nada menos que 700.000 millones de Dólares del Estado (algo así como 100 billones de las antiguas pesetas), para salvar Wall Street, auténtico corazón y motor del sistema financiero mundial; en Europa, la UE da luz verde a los Estados para rescatar sus entidades financieras; los Bancos Centrales inundan los mercados de Dólares y de Euros; así, el Banco Central Europeo y los gobiernos de Gran Bretaña, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Francia, Holanda....inyectan miles de millones de euros en sus sistemas financieros y bancarios; por su parte, y en medio de este caos, el BSCH-Santander, que anuncia unas ganancias de 10.000 millones de euros netos en 2008 (un 10,3 % mas que en 2007), se dedica a comprar por doquier activos y entidades bancarias.
De este cuadro indicativo se desprenden al menos dos consideraciones centrales:
1. Todas estos movimientos y sacudidas de fondo están sirviendo para llevar a cabo una profunda reestructuración del poder financiero, una nueva redistribución de la riqueza planetaria, una intensa concentración del capital y de los mercados.
2. Socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias; utilización del dinero público para sanear y reflotar bancos, empresas y entidades privadas. Ahora el Estado se encarga de comprar los cuantiosos activos bancarios contaminados por las hipotecas basura, para después revenderlos, privatizarlos, cuando la situación se estabilice y escampe la tempestad.
El recurso al “Papá Estado”, ahora sí vale, cuando vienen mal dadas, para aquellos gurús e instituciones financieras que, cuando les va bien, en época de vacas gordas, impulsan y pregonan el “Estado cero” jibarizado y ausente.
Mientras tanto se somete a un nuevo castigo fiscal a los contribuyentes: son ellos los que pagan los costes derivados de la especulación, la avaricia y la corrupción de los mercados financieros.
La especulación y corrupción reinantes en el sistema financiero global hacen que se ponga en circulación una descomunal cantidad de dinero ficticio, virtual, inexistente; capitales que actúan y se mueven al margen de la economía útil, real, productiva. (las conocidas burbujas)
Estos movimientos incontrolados de capitales mafiosos generan consecuencias nefastas sobre el crecimiento económico (en disminución), sobre el empleo (aumento del paro) y sobre el poder adquisitivo (en retroceso, aumento de la carestía, deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las gentes).
Estamos ante un gigantesco hurto: meter las manos en las arcas públicas para salvar a los grandes tiburones de las Finanzas, responsables directos de este desastre, junto a los gobiernos cómplices, y no para determinar ayudas y subvenciones que contribuyan a aliviar las penurias, dificultades y angustias que se instalan entre amplios sectores populares y mayorías sociales.
Subvencionar a los depredadores es obsceno.
Tan es así que el propio Presidente del Parlamento Europeo, el democristiano alemán Hans Gert Poettering, acaba de declarar que “no se pueden dar 700.000 millones de dólares de los contribuyentes para salvar el sistema financiero, y no para luchar contra el hambre en el mundo. Esto no es aceptable”. Pos su parte, el Presidente francés Nicolas Sarkozy, uno de los arietes más significativos de las políticas contrasociales y de ajuste duro, se descuelga afirmando la necesidad de “refundar el capitalismo sobre las bases éticas”, como si ambos extremos fuesen compatibles.
Como afirma Antonio Gala: “algo huele a podrido en los EEUU y en el entero sistema dominante”.
En esta encrucijada, uno de los riesgos más graves de este momento histórico es que Estados Unidos y sus aliados pretendan limitar o detener la decadencia del sistema con el recurso a una guerra generalizada de imprevisibles consecuencias.Por eso, una de las cuestiones centrales que la izquierda, que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales democráticas y progresistas, debe plantearse, es la búsqueda de una nueva civilización. Hay que tener ideales y pautas de conducta; hay que crear un nuevo discurso capaz de enfrentarse con éxito y solvencia al del capital.
lunes, 29 de septiembre de 2008
LA HOJA DE RUTA DEL PP PARA EL DESGUACE DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 6 PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO POPULAR EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN
¿QUÉ QUIERE DECIR EL PP CUANDO HABLA DE EDUCACIÓN?
(En negrita el texto literal de la resolución.
En cursiva la traducción comentada)
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
- Convertir Madrid en una Comunidad Bilingüe, continuando con la implantación de la educación bilingüe en los colegios públicos y concertados de nuestra región.
Está bien esto del bilingüismo, no lo voy a negar. El inglés es importante en un mundo globalizado, pero también lo son las diferentes lenguas de nuestro país y, en esto, el PP no se muestra muy partidario.
El ESPErpento de las huestes del PP se puede materializar en la imitación, ya anunciada, de la Generalitat Valenciana en cuanto a la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por “otras Comunidades amigas”, cuyo texto está en inglés y necesita de un traductor, el especialista en la asignatura y si hay sordomudos en la clase el traductor de lenguaje de signos. ¡Tres profesores en un mismo aula para una misma asignatura) y todo para que el alumnado no vea el aborto como un derecho, ni el matrimonio entre homosexuales, ni la preponderancia de los valores de solidaridad por encima del adoctrinamiento religioso. El nacionalcatolicismo renace de la mano de un PP que no admite otra religión que no sea la católica y de un PSOE que sigue subvencionando a los coles de religiosos para que expulsen a los inmigrantes. ¿Volveremos a contemplar las fotos del cura con la sotana remangada jugando al fútbol con alumnos felices al ver como las hordas rojas van desapareciendo del mapa?.
- Desarrollar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los centros educativos. Mediante la incorporación de herramientas tecnológicas tales como las pizarras digitales a las aulas de la región.
Una pizarra para ser utilizada en un aula cuesta en torno a los 12000 euros. ¿Cuántos profesores de apoyo para inmigrantes, para los alumnos con dificultades se podrían contratar con esta inversión?. ¿De qué amigo será la empresa que resulte adjudicataria para la compra de las pizarritas?. Los coles nuevos ya los hacen sin cocina, para nutrir al alumnado con un jugoso catering servido por una empresa que tiene todo el monopolio de los coles de la Comunidad. ¡ Adiós cocineras y cocineros getafenses! ¡adiós empleados locales! ¡adiós supervisiones dietéticas! .
¡Ahí váaa...! ¿ No será que quieren las pizarras para implantar el profesor virtual? Supondría un considerable ahorro en el salario para el profesorado. Sólo sería necesario un gorila de seguridad (privada, por supuesto) en cada aula y ... ¡niño que se desmadre, porrazo que te crió!.
- Reforzar la igualdad de oportunidades insistiendo en una política de ayudas educativas cuyo objetivo sea remover los obstáculos socio-económicos que impidan o dificulten el acceso a dicha oferta educativa.
Este apartado no merece más que decir que los obstáculos socio-económicos sólo se remueven mediante una oferta pública, gratuita y de calidad para todo el alumnado, poniendo el profesorado de apoyo necesario y los técnicos necesarios( psicólogos, pedagogos, logopedas...).Pero su intención no es esa sino cerrar las sedes de los EOEPS ( Equipos de Orientación psicopedagógica) que trabajarán sólo hasta el curso que viene apoyando a los alumnos y alumnas con dificultades. No decimos nada de la oposición mantenida a la entrada en los centros escolares de los Servicios Psicopedagógicos Municipales, pues esto es ya histórico.
- Apostar decididamente por la libertad de elección y la pluralidad en la oferta educativa haciendo posible atender la demanda de los padres de centros concertados actualmente insatisfecha. La libertad de elección de las familias se hace efectiva a través de una oferta educativa que realmente responda a las necesidades y preferencias de los padres madrileños.
¿Los padres de los centros concertados están insatisfechos?Izquierda Unida siempre ha defendido que los conciertos y la subvención estatal de los mismos sólo tenían sentido cuando no existían posibilidades de cubrir toda la demanda a través de la oferta pública. Hoy esto está superado. Quien quiera educación privada o religiosa que se la pague. ¿Qué es eso de la libertad de elección de centro?La educación pública ha de ser laica y de calidad, por tanto todos los recursos públicos han de ser para la escuela pública.
Esta claro, para ellos lo prioritario es atender el gusto de sus consumidores y que les salga más barato llevar a sus hijos a “los baratos” colegios religiosos o de alta alcurnia. Lo importante es que salgan preparados los que están en un ambiente sociocultural favorable. El resto que vuelvan a los trabajos manuales y romper la procedencia obrera de los estudiantes universitarios.
- Premiar el esfuerzo y el mérito reconociendo y recompensando a través de premios y becas el tesón y el trabajo de los alumnos más aplicados. Incentivar de este modo a los estudiantes madrileños a que mejoren sus resultados y se superen cada día.
Volvemos a las máximas de la OJE ( “Recordar que el esfuerzo y el trabajo constituyen mi aportación personal a la empresa común”) que nos hacían repetir cómo papagayos. Lo de la empresa común debe de referirse al Canal de Isabel II que siendo público (o sea, de todos los madrileños) lo va a privatizar “para que sea de todos los madrileños”, esto es, de los que puedan comprar las acciones del Canal. Se ve claro que confunde a “sus madrileños” con todos los madrileños.
- Reclamar al Gobierno de la Nación el cumplimiento de su promesa electoral de crear 300.000 nuevas plazas de Educación Infantil 0 a 3 años sin crear nuevas obligaciones financieras a las Comunidades Autónomas ya que la Comunidad de Madrid aún no ha recibido los 150 millones de euros comprometidos en la legislatura pasada para la creación de nuevas plazas escolares de 0 a 3 años.
La Consejera Lucía Figar dijo el otro día que no tenía obligación de hacer Escuelas Infantiles y, sin embargo, pide el dinero al Gobierno para repartirlo con sus empresas privadas
Alfonso Carmona
IU - Getafe
¿QUÉ QUIERE DECIR EL PP CUANDO HABLA DE EDUCACIÓN?
(En negrita el texto literal de la resolución.
En cursiva la traducción comentada)
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a:
- Convertir Madrid en una Comunidad Bilingüe, continuando con la implantación de la educación bilingüe en los colegios públicos y concertados de nuestra región.
Está bien esto del bilingüismo, no lo voy a negar. El inglés es importante en un mundo globalizado, pero también lo son las diferentes lenguas de nuestro país y, en esto, el PP no se muestra muy partidario.
El ESPErpento de las huestes del PP se puede materializar en la imitación, ya anunciada, de la Generalitat Valenciana en cuanto a la impartición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por “otras Comunidades amigas”, cuyo texto está en inglés y necesita de un traductor, el especialista en la asignatura y si hay sordomudos en la clase el traductor de lenguaje de signos. ¡Tres profesores en un mismo aula para una misma asignatura) y todo para que el alumnado no vea el aborto como un derecho, ni el matrimonio entre homosexuales, ni la preponderancia de los valores de solidaridad por encima del adoctrinamiento religioso. El nacionalcatolicismo renace de la mano de un PP que no admite otra religión que no sea la católica y de un PSOE que sigue subvencionando a los coles de religiosos para que expulsen a los inmigrantes. ¿Volveremos a contemplar las fotos del cura con la sotana remangada jugando al fútbol con alumnos felices al ver como las hordas rojas van desapareciendo del mapa?.
- Desarrollar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en los centros educativos. Mediante la incorporación de herramientas tecnológicas tales como las pizarras digitales a las aulas de la región.
Una pizarra para ser utilizada en un aula cuesta en torno a los 12000 euros. ¿Cuántos profesores de apoyo para inmigrantes, para los alumnos con dificultades se podrían contratar con esta inversión?. ¿De qué amigo será la empresa que resulte adjudicataria para la compra de las pizarritas?. Los coles nuevos ya los hacen sin cocina, para nutrir al alumnado con un jugoso catering servido por una empresa que tiene todo el monopolio de los coles de la Comunidad. ¡ Adiós cocineras y cocineros getafenses! ¡adiós empleados locales! ¡adiós supervisiones dietéticas! .
¡Ahí váaa...! ¿ No será que quieren las pizarras para implantar el profesor virtual? Supondría un considerable ahorro en el salario para el profesorado. Sólo sería necesario un gorila de seguridad (privada, por supuesto) en cada aula y ... ¡niño que se desmadre, porrazo que te crió!.
- Reforzar la igualdad de oportunidades insistiendo en una política de ayudas educativas cuyo objetivo sea remover los obstáculos socio-económicos que impidan o dificulten el acceso a dicha oferta educativa.
Este apartado no merece más que decir que los obstáculos socio-económicos sólo se remueven mediante una oferta pública, gratuita y de calidad para todo el alumnado, poniendo el profesorado de apoyo necesario y los técnicos necesarios( psicólogos, pedagogos, logopedas...).Pero su intención no es esa sino cerrar las sedes de los EOEPS ( Equipos de Orientación psicopedagógica) que trabajarán sólo hasta el curso que viene apoyando a los alumnos y alumnas con dificultades. No decimos nada de la oposición mantenida a la entrada en los centros escolares de los Servicios Psicopedagógicos Municipales, pues esto es ya histórico.
- Apostar decididamente por la libertad de elección y la pluralidad en la oferta educativa haciendo posible atender la demanda de los padres de centros concertados actualmente insatisfecha. La libertad de elección de las familias se hace efectiva a través de una oferta educativa que realmente responda a las necesidades y preferencias de los padres madrileños.
¿Los padres de los centros concertados están insatisfechos?Izquierda Unida siempre ha defendido que los conciertos y la subvención estatal de los mismos sólo tenían sentido cuando no existían posibilidades de cubrir toda la demanda a través de la oferta pública. Hoy esto está superado. Quien quiera educación privada o religiosa que se la pague. ¿Qué es eso de la libertad de elección de centro?La educación pública ha de ser laica y de calidad, por tanto todos los recursos públicos han de ser para la escuela pública.
Esta claro, para ellos lo prioritario es atender el gusto de sus consumidores y que les salga más barato llevar a sus hijos a “los baratos” colegios religiosos o de alta alcurnia. Lo importante es que salgan preparados los que están en un ambiente sociocultural favorable. El resto que vuelvan a los trabajos manuales y romper la procedencia obrera de los estudiantes universitarios.
- Premiar el esfuerzo y el mérito reconociendo y recompensando a través de premios y becas el tesón y el trabajo de los alumnos más aplicados. Incentivar de este modo a los estudiantes madrileños a que mejoren sus resultados y se superen cada día.
Volvemos a las máximas de la OJE ( “Recordar que el esfuerzo y el trabajo constituyen mi aportación personal a la empresa común”) que nos hacían repetir cómo papagayos. Lo de la empresa común debe de referirse al Canal de Isabel II que siendo público (o sea, de todos los madrileños) lo va a privatizar “para que sea de todos los madrileños”, esto es, de los que puedan comprar las acciones del Canal. Se ve claro que confunde a “sus madrileños” con todos los madrileños.
- Reclamar al Gobierno de la Nación el cumplimiento de su promesa electoral de crear 300.000 nuevas plazas de Educación Infantil 0 a 3 años sin crear nuevas obligaciones financieras a las Comunidades Autónomas ya que la Comunidad de Madrid aún no ha recibido los 150 millones de euros comprometidos en la legislatura pasada para la creación de nuevas plazas escolares de 0 a 3 años.
La Consejera Lucía Figar dijo el otro día que no tenía obligación de hacer Escuelas Infantiles y, sin embargo, pide el dinero al Gobierno para repartirlo con sus empresas privadas
Alfonso Carmona
IU - Getafe
viernes, 12 de septiembre de 2008
ACCIONES PARA DEFENDER, MANTENER Y CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
Izquierda Unida ha presentado una moción para apoyar la proposición no de ley relativa a la defensa, consolidación y refuerzo de la educación pública presentada para su debate en el pleno del Parlamento.
El que la LOE dejara libertad a las Comunidades autónomas para que regularan las criterios mínimos que mantuvieran o mejoraran la calidad educativa , en especial en Educación Infantil, y no reconociera el carácter educativo de la etapa de 0 a 3 años, entre otras cosas, ha dejado el terreno abonado para que se pudieran llevar adelante las barbaridades que el gobierno de Esperanza Aguirre está llevando a cabo contra la educación pública. Por eso IU pide que se establezcan una serie de medidas legislativas que obliguen a su cumplimiento por parte de las CC.AA.
El texto de la moción basada en la propuesta del federal de IU es el que a continuación se reseña :
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA AL AYUNTAMIENTO PLENO EL GRUPO DE CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN QUE ADOPTE MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA DEFENDER, MANTENER Y CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
La llegada del PP al gobierno central supuso un clara retroceso para la educación pública.
Tras las elecciones del año 2004, la llegada de los socialistas al poder generó expectativas en todos los defensores de y defensoras de una educación pública, laica y democrática, que albergaron la esperanza de dar un giro a las nefastas políticas de derecha. Lamentablemente, las esperanzas se vieron frustradas por la debilidad del gobierno socialista que, una vez más, optó por pactar la nueva ley educativa con la patronal de la enseñanza mayoritariamente católica, y con CIU.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) corrigió algunos aspectos de la LOCE, pero por otro lado reforzó los conciertos, mantuvo la religión en el currículo y no restableció plenamente el carácter educativo de toda la educación infantil, cuyo ciclo de 0 a 3 años está siendo objeto de una ofensiva sin precedentes en algunas Comunidades Autónomas, como sucede en Madrid.
La concesión otorgada a los nacionalistas de CIU, en el sentido de no regular una serie de criterios mínimos que mantuvieran y/o mejoraran la calidad educativa, en especial en Educación Infantil, ha llevado, en lugar de mejorar la norma básica, a deteriorarla más todavía.
Las movilizaciones en defensa de la educación pública que están teniendo lugar en la Comunidad de Madrid están chocando contra el muro de la supresión de unidades y centros públicos a la vez que extienden los conciertos educativos, incluso, se ceden suelos públicos a empresas privadas para que creen centros concertados de antemano, al margen de cuáles sean las necesidades existentes.
Ante esta situación, es urgente la puesta en marcha de políticas públicas para revertir este proceso en defensa de una educación pública y laica de calidad en condiciones de igualdad. Uno de los principales peligros que afronta la red pública de centros educativos es su marginalización y su fuerte deterioro, que pone en grave riesgo el futuro de la red. Por este motivo el Gobierno tiene la responsabilidad de defender, mantener y consolidar la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo como elemento fundamental de cohesión social del país y no puede permitir que la escuela pública se convierta en subsidiaria de la red privada concertada.
El Grupo de Izquierda Unida –ER-ICV, presentó el día 12 de junio una Proposición no de Ley relativa a la defensa, consolidación y refuerzo de la educación pública.
Por todo ello, SOLICITAMOS al Ayuntamiento Pleno que inste al Gobierno de la Nación para que ponga en marcha las medidas contempladas en la citada Proposición que se citan a continuación :
1.- Preservar el carácter público de la red transferida a las Comunidades Autónomas frente a las estrategias de privatización en marcha.
2.- Vetar el cambio de titularidad , la enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos existente.
3.- Promover y garantizar que el suelo público destinado a la creación de centros docentes se utilice de forma exclusiva para la creación de centros educativos públicos; así como exigir el cumplimiento del artículo 109 de la LOE que garantiza la creación de centros educativos públicos en las zonas de nueva población.
4.- Establecer una moratoria de los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos y desarrollar mecanismos de integración voluntarios y negociados de estos centros en la red pública.
5.- Establecer un sistema de escolarización que garantice una racional y equitativa asignación de plazas e impida la selección del alumnado por parte de los centros concertados. Para ello, se procederá a la creación por ley de comisiones de escolarización centralizadas, con participación de todos los sectores de la comunidad educativa y con competencias plenas en la materia a lo largo de todo el proceso.
6.- Garantizar una red pública de Escuelas Infantiles con una oferta de plazas suficiente para los menores de 6 años, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, asegurando su carácter estrictamente educativo, mediante los correspondientes desarrollos normativos de ámbito estatal que establezcan el currículo básico y los requisitos mínimos de centros, ratios y profesionales para toda la etapa.
7.- Garantizar una educación laica, plural ideológica, que no practique el adoctrinamiento cultural y que garantice la libertad de conciencia. Para ello, se tomarán las medidas oportunas para que las enseñanzas de religión queden fuera del horario lectivo y del currículo escolar.
Getafe, 10 de septiembre de 2008
Fdo: Ignacio Sánchez Coy
Portavoz del Grupo de Concejales de Izquierda Unida
El que la LOE dejara libertad a las Comunidades autónomas para que regularan las criterios mínimos que mantuvieran o mejoraran la calidad educativa , en especial en Educación Infantil, y no reconociera el carácter educativo de la etapa de 0 a 3 años, entre otras cosas, ha dejado el terreno abonado para que se pudieran llevar adelante las barbaridades que el gobierno de Esperanza Aguirre está llevando a cabo contra la educación pública. Por eso IU pide que se establezcan una serie de medidas legislativas que obliguen a su cumplimiento por parte de las CC.AA.
El texto de la moción basada en la propuesta del federal de IU es el que a continuación se reseña :
PROPOSICIÓN QUE PRESENTA AL AYUNTAMIENTO PLENO EL GRUPO DE CONCEJALES DE IZQUIERDA UNIDA PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN QUE ADOPTE MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA DEFENDER, MANTENER Y CONSOLIDAR LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
La llegada del PP al gobierno central supuso un clara retroceso para la educación pública.
Tras las elecciones del año 2004, la llegada de los socialistas al poder generó expectativas en todos los defensores de y defensoras de una educación pública, laica y democrática, que albergaron la esperanza de dar un giro a las nefastas políticas de derecha. Lamentablemente, las esperanzas se vieron frustradas por la debilidad del gobierno socialista que, una vez más, optó por pactar la nueva ley educativa con la patronal de la enseñanza mayoritariamente católica, y con CIU.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) corrigió algunos aspectos de la LOCE, pero por otro lado reforzó los conciertos, mantuvo la religión en el currículo y no restableció plenamente el carácter educativo de toda la educación infantil, cuyo ciclo de 0 a 3 años está siendo objeto de una ofensiva sin precedentes en algunas Comunidades Autónomas, como sucede en Madrid.
La concesión otorgada a los nacionalistas de CIU, en el sentido de no regular una serie de criterios mínimos que mantuvieran y/o mejoraran la calidad educativa, en especial en Educación Infantil, ha llevado, en lugar de mejorar la norma básica, a deteriorarla más todavía.
Las movilizaciones en defensa de la educación pública que están teniendo lugar en la Comunidad de Madrid están chocando contra el muro de la supresión de unidades y centros públicos a la vez que extienden los conciertos educativos, incluso, se ceden suelos públicos a empresas privadas para que creen centros concertados de antemano, al margen de cuáles sean las necesidades existentes.
Ante esta situación, es urgente la puesta en marcha de políticas públicas para revertir este proceso en defensa de una educación pública y laica de calidad en condiciones de igualdad. Uno de los principales peligros que afronta la red pública de centros educativos es su marginalización y su fuerte deterioro, que pone en grave riesgo el futuro de la red. Por este motivo el Gobierno tiene la responsabilidad de defender, mantener y consolidar la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo como elemento fundamental de cohesión social del país y no puede permitir que la escuela pública se convierta en subsidiaria de la red privada concertada.
El Grupo de Izquierda Unida –ER-ICV, presentó el día 12 de junio una Proposición no de Ley relativa a la defensa, consolidación y refuerzo de la educación pública.
Por todo ello, SOLICITAMOS al Ayuntamiento Pleno que inste al Gobierno de la Nación para que ponga en marcha las medidas contempladas en la citada Proposición que se citan a continuación :
1.- Preservar el carácter público de la red transferida a las Comunidades Autónomas frente a las estrategias de privatización en marcha.
2.- Vetar el cambio de titularidad , la enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos existente.
3.- Promover y garantizar que el suelo público destinado a la creación de centros docentes se utilice de forma exclusiva para la creación de centros educativos públicos; así como exigir el cumplimiento del artículo 109 de la LOE que garantiza la creación de centros educativos públicos en las zonas de nueva población.
4.- Establecer una moratoria de los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos y desarrollar mecanismos de integración voluntarios y negociados de estos centros en la red pública.
5.- Establecer un sistema de escolarización que garantice una racional y equitativa asignación de plazas e impida la selección del alumnado por parte de los centros concertados. Para ello, se procederá a la creación por ley de comisiones de escolarización centralizadas, con participación de todos los sectores de la comunidad educativa y con competencias plenas en la materia a lo largo de todo el proceso.
6.- Garantizar una red pública de Escuelas Infantiles con una oferta de plazas suficiente para los menores de 6 años, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, asegurando su carácter estrictamente educativo, mediante los correspondientes desarrollos normativos de ámbito estatal que establezcan el currículo básico y los requisitos mínimos de centros, ratios y profesionales para toda la etapa.
7.- Garantizar una educación laica, plural ideológica, que no practique el adoctrinamiento cultural y que garantice la libertad de conciencia. Para ello, se tomarán las medidas oportunas para que las enseñanzas de religión queden fuera del horario lectivo y del currículo escolar.
Getafe, 10 de septiembre de 2008
Fdo: Ignacio Sánchez Coy
Portavoz del Grupo de Concejales de Izquierda Unida
lunes, 14 de julio de 2008
CAMBIO CLIMÁTICO ¿PUEDE SER DEMASIADO TARDE?.
IU-GETAFE SE COMPROMETE, CON MEDIDAS EN LAS CONCEJALÍAS QUE OSTENTA, A LA SALVAGUARDA DEL MEDIO AMBIENTE.Recientemente nos han alarmado dos noticias en relación a la aceleración en los efectos negativos del cambio climático. Por un lado el deshielo del glaciar Perito Moreno, en época invernal y por otro la pasividad del G8 para combatir los efectos del cambio climático y aparcar las soluciones para más de 50 años.
Los intereses de estos países en mantener los ingresos que les reportan el control de los combustibles fósiles ( petróleo y derivados) que les lleva a organizar guerras como las de Irak, nos hacen tener unas perspectivas pesimistas con respecto a la solución a corto plazo.
Mientras se nos hacen llamamientos reiterados a los ciudadanos y ciudadanas para que colaboremos mediante el ahorro de energía, las grandes empresas siguen contaminado de manera masiva sin que nadie les ponga freno y el PSOE en su congreso, decide potenciar la energía nuclear, alegando que no realiza emisiones contaminantes, en una situación en la que se han detectado fugas radiactivas en diferentes centrales nucleares y sigue sin darse solución al almacenamiento de los residuos radiactivos.
Frente a este estado de cosas los trabajadores hemos de tomar conciencia y luchar contra ellas.
Pero también desde nuestras casas y responsabilidades políticas hemos de trabajar en paliar los efectos del cambio climático.
Izquierda Unida realiza esta labor desde las concejalías que preside :
Desde la Delegación de Vivienda, la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda ha venido realizando instalaciones en las diferentes urbanizaciones que tienen que ver con la puesta en funcionamiento de paneles solares, elementos bioclimáticos y otros sistemas que permiten el ahorro de hasta un 55% del agua caliente sanitaria utilizada en cada vivienda. La EMSV ha realizado estos trabajos con anterioridad a la entrada en vigor de la normativa que rige el Código Técnico de la Edificación, en el que se exige la implantación de sistemas de ahorro energético y la aplicación de energías alternativas.
Desde la Delegación de Formación y Empleo trabajamos en la formación para la instalación de paneles solares que tienen su aplicación práctica en la instalación de los mismos en edificios municipales. Trabajamos con ahínco en la consecución de un Centro de Energías Renovables que contenga la formación, ocupacional continúa y reglada en todas las energías alternativas ( eólicas , solares, bioenergéticas...).
La Comunidad de Madrid ha de responder a una propuesta realizada por los tres grupos políticos y fijar su instalación en Getafe, ya que están establecidos los contactos con empresas del sector y tanto la ubicación de la Universidad Politécnica, como el Centro de Investigación en Silicio( material imprescindible para la transformación de la energía solar), así como las relaciones con la formación en materiales compuestos ( la base para los transformadores de energía eólica) que ya realizamos , nos sitúan en el lugar más adecuado de la Comunidad de Madrid para la ubicación de este centro que ya ha gozado de gestiones realizadas por diputados de IU en la Asamblea de Madrid ante el Servicio Regional de Empleo.
La Delegación también realiza la adecuación de zonas verdes ( Juan de la Cierva, Parque de Andalucía, Parque de Las Laderas...) y mostramos la disponibilidad a realizar los aparcamientos de bicicletas desde los talleres de soldadura , cuando se ponga en marcha el Plan de Movilidad para lo que IU insta de manera reiterada a la Concejala responsable con el fin de que se vayan realizando con urgencia las medidas que no reportan ningún coste ( movilidad peatonal, zonas de convivencia bicis y peatones, limitación de velocidad 30 kms/hora en casco urbano para permitir la convivencia con los automóviles) y presupueste las que requieren costes, como los carriles bicis y las campañas de concienciación ciudadana ( “10 minutos andando”).
En definitiva, Izquierda Unida va a seguir trabajando en este sentido, pero sobretodo luchará por un desarrollo sostenible en un nuevo marco social que prime los intereses de la mayoría sobre los que anteponen los beneficios económicos a la habitabilidad del planeta.
Alfonso Carmona Ramírez
Concejal Delegado de Formación y Empleo
Coord. Ejecutiva IU-Getafe
viernes, 4 de julio de 2008
Primeros apuntes sobre el Plan General de Ordenación Urbana
Hoy viernes hemos presentado a los medios de comunicación las primeras pinceladas de lo que queremos sea la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En la rueda de prensa hemos puesto de manifiesto nuestra intención de que sea un proceso transparente para que todos y todas conozcan la información de la forma más rápida posible.Desde Izquierda Unida apostamos por la participación como elemento primordial de todo este trayecto. A través de los Consejos de Barrio buscaremos la implicación de la ciudadanía conociendo de primera mano sus impresiones, sus necesidades y todo aquello que sirva para hacer de Getafe una ciudad mejor.
El equilibrio y la sostenibilidad forman parte de nuestros ejes programáticos en la revisión del PGOU. La defensa del medio ambiente y una mejor calidad de vida para los getafenses.
En materia de vivienda, nuestra apuesta para los futuros desarrollos pasa, en primer lugar, por la expropiación como sistema de gestión de suelo. La experiencia demostrada en otras actuaciones urbanísticas a través de este modelo nos lleva al convencimiento de su valía y utilidad. Con la expropiación como premisa, la Ley permite la incorporación de elementos correctores que, puntualmente, podrán ser aplicados para la obtención de recursos económicos que mejoren la ciudad y faciliten la construcción de viviendas protegidas, que son la base para el acceso a una vivienda de aquellos sectores con mayores problemas económicos, jóvenes fundamentalmente.
En estas primeras líneas del nuevo PGOU nos basamos y pedimos la participación de todos los grupos políticos y de la ciudadanía para conseguir un modelo eficaz y eficiente, en el que se vean reflejados los vecinos y vecinas de Getafe.
Ignacio Sánchez Coy
Portavoz IU Ayuntamiento de Getafe
Concejal de Vivienda
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