La coalición
presentará en los próximos días una querella criminal ante el Tribunal Supremo
contra los magistrados Enrique López, Ángel Hurtado y Julio de Diego
IU acusa de
prevaricación a estos jueces de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional por bloquear el interrogatorio de Luis Bárcenas, que tenía
previsto Javier Gómez Bermúdez el pasado 22 de marzo.
Los abogados
de IU también van a pedir la nulidad de la decisión de la Audiencia, que se saltó sus propias normas de reparto para que Ruz se
quedase con el caso Bárcenas
Izquierda
Unida presentará una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra tres
jueces de la Audiencia Nacional: Enrique López, Ángel Hurtado y Julio de Diego,
los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal que el pasado 21
de marzo impidieron el interrogatorio de Luis Bárcenas que tenía previsto el
juez Javier Gómez Bermúdez.
Según han
confirmado los abogados a eldiario.es, la querella está casi terminada y se
presentará formalmente en los próximos días. Los impulsores de la querella por
los papeles de Bárcenas –además de IU, también están la Asociación Libre de
Abogados (ALA), la Asociación Justicia y Sociedad, Ecologistas en Acción y
Federación de Los Verdes– argumentarán que la sección no tenía potestad alguna
para anular ese interrogatorio. En ese momento, jueves 21 de marzo, aún estaba
por resolver cuál de los dos jueces de la Audiencia –Pablo Ruz o Gómez
Bermúdez– era el competente para investigar los papeles de Bárcenas.
La decisión
tomada por estos tres magistrados al bloquear el interrogatorio causó estupor
en ámbitos judiciales. Fue un "golpe de mano" inédito, según fuentes
del Tribunal Supremo, que aseguran a eldiario.es que la sección no tenía las
competencias necesarias para tomar una medida tan expeditiva. Según la ley de
Enjuiciamiento Criminal, cuando dos jueces de instrucción investigan un mismo
caso, pueden practicar cada uno de ellos por separado diligencias incluso antes
de que se fije cuál de los dos tiene la competencia. De hecho, el juez Ruz pudo
interrogar a Luis Bárcenas el mismo día que Gómez Bermúdez le había citado sin
encontrar oposición alguna.
Tras esta
polémica decisión, estas mismas fuentes ven la mano del Partido Popular, que
presionó duramente durante esos días para evitar ese interrogatorio. El PP
temía que, tras el interrogatorio, Gómez Bermúdez ordenase la entrada en
prisión de su extesorero Luis Bárcenas.
La secuencia
de los hechos revela hasta qué punto el partido en el Gobierno maniobró para
evitar este temido interrogatorio. El miércoles 20 de marzo, Gómez Bermúdez
citó al extesorero del PP para el viernes 22 a las 12:00. La cita se convocó
para ese día a petición del propio abogado de Bárcenas porque esa misma mañana,
a las 10:00, tenía previsto comparecer ante el juez Ruz.
A la mañana
siguiente, el 21 de marzo, el propio presidente Mariano Rajoy llamó por teléfono al Consejo General del
Poder Judicial para interesarse por el caso, por el
"espectáculo" que estaba dando la Audiencia Nacional al permitir que
dos jueces investigasen un mismo caso. Ese mismo día, la Fiscalía –dependiente
del Gobierno– solicitó tanto al juez Gómez Bermúdez como a la sección segunda
de la Sala de lo Penal que anulase ese interrogatorio. Y pocas horas después,
la sección segunda bloqueó el interrogatorio. Todo en apenas de 24 horas.
La querella
de IU será la segunda por prevaricación que se presente contra estos
jueces de la Audiencia. Hace una semana, el partido Izquierda Anticapilista
presentó otra querella similar ante el Supremo.
Nulidad por el error en el reparto
Los abogados
de IU y demás organizaciones querellantes también pedirán la nulidad de otra
extraña decisión del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que se saltó sus propias normas de reparto para que
se fuese la sección tercera –más próxima a Ruz– la que decidiese sobre qué juez
era el competente para investigar los papeles de Bárcenas. Además de la vulneración
de las normas de reparto, también alegarán indefensión de las partes porque el
juzgado de Pablo Ruz aún no ha aclarado si el Partido Popular podrá continuar
como acusación popular en este nuevo caso donde, al mismo tiempo, están
acusados.
Durante la
vista de esta decisión, el pasado miércoles, los abogados de Izquierda Unida ya
plantearon estos dos asuntos como cuestiones previas. La respuesta del
presidente de la sección tercera, Alfonso Guevara, fue doble. Primero corrigió
a los abogados de IU, que nombraran a Grande Marlaska como "presidente de
la Sala de lo Penal" –"es ilustrísima", matizó Guevara–. Y
después pidió a los abogados que llevasen esa reclamación "ante el
tribunal de derechos humanos de la ONU".
Según
publicó ayer el diario El País, Alfonso Guevara ha sido recientemente expedientado por el CGPJ por decirle a un
procesado: "Si llevara arma, le hubiera dado un culatazo".
Un colaborador de FAES juzgará la Gürtel
Entre los
jueces de la sección segunda contra los que IU se querellará por prevaricación
se encuentra Enrique López, un magistrado íntimamente ligado al Partido Popular
desde hace años. Es colaborador habitual de FAES: entre 2003 y 2008, participó en 53 seminarios de esta fundación presidida por José María
Aznar, unos cursos que suelen ser remunerados. También publica un
artículo cada semana en el periódico conservador La Razón.
A propuesta
del PP, Enrique López fue nombrado portavoz del Consejo General del Poder
Judicial entre 2001 y 2008. Tras la victoria del PSOE en 2004, el PP bloqueó la
renovación del CGPJ, que se convirtió en un órgano más de oposición contra
Zapatero, con informes no solicitados y fuera de sus competencias contra el
Estatut catalán o contra el matrimonio gay.
Tras su paso
por el Supremo, el PP volvió a proponer su nombre para el Tribunal
Constitucional, lo que provocó un bloqueo en la renovación de este tribunal que
no terminó hasta 2012. El Senado denegó la propuesta de Enrique López, que
defendía el PP, por considerar que no tenía el currículum necesario para el puesto.
Cuando el
caso Gürtel finalmente termine su instrucción, será la sección segunda de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la de Enrique López, la que decidirá
la sentencia.
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