184/014969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula
la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita.
Según se ha podido conocer la Fiscalía de la Audiencia
Nacional mantiene que los hechos denunciados en la querella interpuesta por los
cooperantes Manuel Tapial, Laura Arau y David Segarra y por el Comité de
Solidaridad con la Causa Arabe contra el jefe de Gobierno israelí, Benjamin
Netanyahu, los seis ministros con los que preparó la operación y el
vicealmirante que dirigió el asalto a la denominada «flotilla de la libertad»,
que pretendía romper el bloqueo a Gaza con un cargamento de ayuda humanitaria,
son constitutivos de delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra
contemplados en el catálogo del Estatuto del Tribunal Penal Internacional
(TPI).
Dichos delitos se han cometido bajo la vigencia del citado
Estatuto en territorio de un país que ha ratificado el Estatuto de Roma. Sobre
esta base, la Fiscalía defiende la competencia del Tribunal Penal
Internacional, debiendo el Juez que instruye la causa remitir las actuaciones
al Ministerio de Justicia para que se ponga en marcha el procedimiento previsto
en la Ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional. Conforme a esa
norma, corresponde en exclusiva al Consejo de Ministros valorar si procede la
presentación de una denuncia ante la Fiscalía del TPI.
La Fiscalía solicita al mismo tiempo el archivo de las
diligencias previas abiertas en la Audiencia Nacional, puesto que la misma
norma establece que, «siempre que pueda ser competente la CPI, los órganos
judiciales españoles se abstendrán de todo procedimiento».
Sin embargo, el referido informe de la Fiscalía también
señala que la Audiencia Nacional seria competente para investigar el asalto en
caso de inactividad por parte del TPI, dado que se reúnen todos los requisitos
para que la justicia española investigue el asalto si no lo hace el TPI.
En caso de que el Juez Instructor, conforme señala la
Fiscalía de la Audiencia Nacional, acuerde su remisión al Ministerio de
Justicia para que se ponga en marcha el procedimiento previsto en la Ley de
Cooperación con la Corte Internacional, se formula la siguiente pregunta al
Gobierno para su respuesta por escrito:
¿Ha previsto el Gobierno la posibilidad de interponer
denuncia ante el Tribunal Penal Internacional por los supuestos delitos de Lesa
Humanidad y Crímenes de Guerra en el caso del asalto a la «Flotilla de la
libertad» el 31 de mayo de 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de
2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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