viernes, 24 de octubre de 2008

Izquierda Unida critica la decisión del PSOE de apoyar los presupuestos del Gobierno de Esperanza Aguirre

Izquierda Unida Getafe manifiesta su descontento con la decisión del Partido Socialista de Madrid (PSM) de no votar en contra de los presupuestos regionales para el próximo año, al entender que las cuentas del Gobierno de Esperanza Aguirre servirán para seguir aplicando políticas perjudiciales para los vecinos y vecinas de la región y, en particular, de nuestro municipio.

Desde la Dirección Política, se cuestiona la actitud socialista, siguiendo criterios de actuación marcados por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, ya que supone, en la práctica, dar un cheque en blanco a la política de derechas emprendida por el Partido popular en la Comunidad de Madrid.

El resultado de dar luz verde a los presupuestos regionales supondrá, a juicio de Izquierda Unida, acentuar en Getafe y el resto de municipios madrileños las consecuencias de la crisis económica y financiera generada por el sistema que defiende con vehemencia Esperanza Aguirre.

Los trabajadores y trabajadoras desempleadas, sus familias, y los más jóvenes serán los principales perjudicados de esta decisión política. En ellos y en el resto de ciudadanos y ciudadanas, repercutirá directamente la privatización de la sanidad, de la educación, del Canal de Isabel II y la política regional de vivienda, que sólo beneficia a promotores y constructores en detrimento de quienes presentan dificultades para adquirir un piso.

jueves, 16 de octubre de 2008

Izquierda Unida promueve iniciativas para evitar la privatización de la sanidad pública


Izquierda Unida Getafe va a presentar una moción al Pleno del Ayuntamiento, siguiendo la línea marcada por la coalición a nivel nacional, en la que insta al Gobierno estatal a que promueva un recurso de inconstitucionalidad “contra la generalización de la figura de concesión a empresas privadas de centros sanitarios en la Comunidad de Madrid, pidiendo la paralización de las concesiones”.

Ante la posible incompatibilidad de esta concesión a empresas privadas con el mantenimiento de la Sanidad como servicio público, Izquierda Unida se dirigirá al Defensor del Pueblo para que estudie también la viabilidad de dirigirse al Tribunal constitucional en defensa de la sanidad pública y contra la privatización de hospitales.

Para la coalición, el PP de Madrid está realizando una “mutación del sistema sanitario público” de forma más acelerada que en otras Comunidades. En esta línea, IU se postula del lado de los trabajadores y trabajadoras que son “los únicos que están defendiendo el sistema y protestan por el desmantelamiento de los servicios públicos”.

Asimismo, Izquierda Unida cuestiona la política sanitaria del PSOE madrileños al aceptar un porcentaje de privatización ( en torno al 14%) como adecuado, sin tener en cuenta ni las necesidades de la población, ni las consecuencias que su propuesta tendría en el servicio sanitario público.

IU aboga clara y rotundamente por la negativa a cualquier privatización en la sanidad tanto en Getafe como en cualquier lugar.

IU planteará en el seno de la Plataforma Local en Defensa de la Sanidad Pública el rechazo a la aceptación de cualquier porcentaje de “privatización asumible” y que el PSOE local muestre públicamente su rechazo a las declaraciones del secretario general del PSM en este sentido.

Fuentes de IU se han preguntado qué pasaría si entre los centros privatizados en el cupo planteado por los socialistas se encontrase el Hospital de Getafe.

viernes, 10 de octubre de 2008

IZQUIERDA UNIDA PROMUEVE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS Y CENTROS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.

En 1986 la Ley General de Sanidad (LGS) configuró el Sistema Nacional de Salud (SNS) como conjunto de "estructuras y servicios públicos al servicio de la Salud", tanto los de la administración del Estado (hoy ya transferidos) como los de las Comu­nidades Autónomas (artículo 44). El SNS integra todas las funciones y presta­ciones sanitarias que son responsa­bilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud (artículo 45).

La universalización del dere­cho a la asistencia y la gratuidad de la incluida en el catálogo de prestacio­nes de la Seguridad Social (ya no con­tributivas, sino financiadas íntegramente con fondos públicos) han perfilado los trazos del sistema y reforzado su consideración como fun­ción y responsabilidad de los poderes públicos competentes (en síntesis, las funciones de regulación y direc­ción del SNS corresponden al Estado, mientras que la gestión de las prestaciones compete a las Comu­nidades Autónomas, a través de sus servicios de salud respectivos, que organizan a su criterio).

La Ley General de Sanidad (LGS) establece el principio de gestión unitaria (por áreas de salud) de los centros y establecimientos del servicio de salud de la Comunidad Autónoma (artículo 56.2), de acuerdo con la concepción integral del sistema sanitario que en ella se proclama (artículo 4.2). Esos centros y establecimientos (de titularidad estatal, autonómica, local entidades públicas) o privados, vinculados a la red públi­ca en virtud de los correspondien­tes convenios (artículo 67 LGS) o conciertos (artículo 90 LGS).

La organización de las prestaciones sanitarias en cada servicio de salud depende de la Comunidad Autónoma respectiva, en virtud de su potestad de autoorganización de los servicios a su cargo. Por consiguien­te, en el marco de la LGS se pueden utilizar las formas de gestión admiti­das con carácter general.

Desde el punto de vista jurídico el término "privatización" puede tener un triple significado: a) atribución al sector privado de tareas o funciones que eran competencia y responsabi­lidad estatal (privatización material); b) gestión (indirecta) de tareas o fun­ciones públicas a través de empre­sarios privados, en virtud de contratos (privatización funcional); y c) ejercicio de tareas o funciones públi­cas en régimen de derecho privado a través de organismos y entidades (entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas y fundaciones públicas), que actúan sometidas en todo o en parte a ese sector del ordenamiento jurídico (privatización formal).

La generalización de la gestión indirecta de servicios públicos por empresas pri­vadas puede ser un paso intermedio en el camino hacia la entrega al sector privado de la prestación de esa actividad.

Los defen­sores de la sanidad pública temen que la tendencia a la privatización “funcional” que se detecta en algunas Co­munidades Autónomas constituya un paso intermedio hacia la privatización “material” de la asistencia sanitaria, quebrando el actual modelo de SNS. Pero a este resultado se oponen no sólo obstáculos legales, que se po­drían superar mediante modificaciones legislativas, sino también constitucionales, lo que ya no es tan fácil de soslayar.

Lo relevante para calificar una determinada actividad como servicio público es que esté atribuida por la Ley a los poderes públicos, quedando éstos obligados a garantizar su prestación, para lo cual podrán utili­zar las modalidades de gestión (direc­ta o indirecta) legalmente previstas.

La gestión indirecta supone la cola­boración de los particulares en ejer­cicio de sus derechos constitucio­nales, cuyo respeto debe hacerse compatible con la configuración de la actividad como servicio público.

Las formas de gestión indirecta, se caracterizan porque la prestación del servicio se encomienda a un empresario privado en virtud del correspondiente contrato.

Ésta requiere, además, que se haya determinado previamente su régimen jurídico, que declare expre­samente que la actividad de que se trata queda asumida por la Admi­nistración respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspec­tos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la pres­tación del servicio.

La "apertura" hacia otras formas de gestión se instrumentó mediante el Real Decreto-Ley 1011996, de 17 de junio, y la Ley 1511997, de 25 e abril, de Habilitación de Nuevas normas de Gestión del Sistema Nacional de Salud.

Es importante subrayar que, cualquiera que sea la opción organizativa que se adopte, se mantiene en todo caso la "condi­ción de servicio público" de la activi­dad, con independencia de que se pres­te en régimen de derecho público o de derecho privado.

El carácter público del sistema de la Seguridad Social es compatible con la incidencia de formas de gestión o responsabilidad privadas: "Lo que verdaderamente ha de ser tutelado por imperativo constitucional es que no se pongan en cuestión los rasgos estructurales de la institución Seguridad Social a la que pertenecen", si bien "el carácter público del sistema de seguridad social no queda cues­tionado por la incidencia en él de fór­mulas de gestión o responsabilidad pri­vadas, de importancia relativa en el conjunto de la acción protectora de aquél".

Mientras la asistencia sanitaria básica esté incluida en el sistema público de la Seguridad Social, la garantía constitucional de dicho sistema obliga a mantener la titula­ridad pública de una red de asis­tencia primaria y hospitalaria, lo que no impide la colaboración de cen­tros y establecimientos sanitarios privados, pero sí que toda la asis­tencia (o la mayor parte) sea pres­tada por éstos, aunque se configu­rase como gestión indirecta de un servicio público y no como una acti­vidad meramente privada.

Las actividades de contenido pre­dominantemente social (aunque sean susceptibles de explotación econó­mica), que son competencia y responsabilidad de los poderes públicos. En relación con ellas éstos no son sólo "garantes", sino que también son y deben seguir siendo "prestadores" con sus propios medios, es decir, a través de centros y establecimientos de titu­laridad pública y gestión directa, cualquiera que sea su forma de organiza­ción y el régimen jurídico aplicable (derecho público o privado).

En definitiva, parece razonable sos­tener que la efectividad de los man­datos constitucionales relativos a la protección de la salud y al manteni­miento obligatorio de un sistema pú­blico de seguridad social implica la existencia de una red de estableci­mientos de titularidad pública que deben ser gestionados directamente (con o sin atribución de personalidad jurídica propia), sin perjuicio de la cola­boración de los centros privados, fun­damentalmente mediante fórmulas de concertación. También es admisi­ble la concesión y alguna otra fórmula análoga, como el nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el privado, previsto en la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Pero éstas deben ser excepciones a la regla de la gestión directa, y por ello necesitadas de justificación concreta, sin que sea suficiente la genérica previsión legal de su admisibilidad.

Por todo ello, se presenta la siguiente,

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en el marco de sus competencias en la garantía de Servicio Público de Salud a:


1.- Estudiar la posible incompatibilidad de la generalización de la figura de la concesión a empresas privadas de Hospitales y centros de Salud en la Comunidad Madrid, con el mantenimiento de la Sanidad como Servicio Público tal y como contempla la Constitución.

2.- A que promueva en su caso recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la generalización de la figura de concesión a empresas privadas de centros sanitarios en la Comunidad Autónoma de Madrid, pidiendo la paralización de dichas concesiones.

3.- A que informe de todo ello al Parlamento a lo largo de 2009”.




Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 2 de octubre 2008

jueves, 9 de octubre de 2008

Propuestas de Izquierda Unida ante la situación de crisis económica




Para evitar que las medidas políticas y económicas que plantee el Gobierno para salir de la crisis vuelvan a representar un revés para los intereses más elementales de los ciudadanos, es tiempo de respuesta y de presión social, de movilizaciones. Es el momento de aplicar políticas que defiendan los intereses de las familias obreras y la mayoría social. Para esto es necesaria la actuación discrecional del gasto público para impulsar la actividad productiva y el empleo digno, comprometiendo incrementos en la inversión y garantizando una mayor financiación en los Ayuntamientos y CCAA que garanticen los recursos necesarios e incrementar el gasto social.


1.- Impulsando las políticas sociales, el empleo y la vivienda

-El pleno e inmediato desarrollo de la Ley de de Dependencia
-Incremento de los recursos para los Ayuntamientos para gasto social y empleo
-Impulsar el sector público con empleo digno
-Modernizar los Servicios Públicos de Empleo, personalizando la búsqueda de empleo
-Incremento de las prestaciones por desempleo
-Reducción de la Jornada laboral a 35 horas por Ley
-Dignificación y mejora del Sistema público de Pensiones
-Universalizar la educación pública infantil de 0 a 3 años
-Ampliar la Oferta Pública de Empleo, limitando la externalización de servicios
-Incrementar el Salario Mínimo a 1.100 euros mensuales
-Impulsar y garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
-Promocionar parques públicos de viviendas en alquiler y la rehabilitación de viviendas y edificios
-Incentivar la puesta en el mercado de viviendas desocupadas y regular el reconocimiento universal a una vivienda digna
-Crear la Renta Básica de la Ciudadanía
-Rechazar la Directiva europea sobre ordenación del tiempo de trabajo
-Control y límite sobre los Expedientes de Regulación de Empleo

2.- Por un modelo sostenible, redistributivo y alternativo

- Incorporar energías renovables y mejorar la eficiencia energética. Conseguir un mayor ahorro y uso eficiente de la energía
-Invertir suficientemente en Transporte Público y en la red convencional de ferrocarril
-Controlar los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios
-Planificar los sectores de electricidad y gas, mejorar la calidad del suministro eléctrico y aplicar precios que beneficien los consumos básicos y penalicen los suntuarios
-Plan de diversificación industrial sostenible y más gasto en I+D+i

3.- Incrementando los recursos públicos y poniendo límite a las grandes fortunas

-Plan urgente de acción contra la economía sumergida, lucha contra el fraude y el delito fiscal y los paraísos fiscales
-Mantenimiento del Impuesto sobre el patrimonio
-Impuesto especial sobre las grandes fortunas
-Creación de Fondos de Reinversión en empresas con beneficios
-Limitar la remuneraciones excesivas de los altos ejecutivos de las empresas
-Creación de una Banca Pública de apoyo a Pymes y familias

QUE NO TE HAGAN PAGAR LA CRISIS ¡MOVILÍZATE!

jueves, 2 de octubre de 2008

IZQUIERDA UNIDA LLAMA A LA MOVILIZACIÓN



POR EL TRABAJO DECENTE

NO A LAS 65 HORAS DE JORNADA SEMANAL


CONCENTRACIÓN EN MADRID 7 DE OCTUBRE, 18,30 PLAZA MAYOR

La actual crisis económica es de muy hondo calado y sus consecuencias en términos de empleo y de bienestar social ya empiezan a ser dramáticas para millones de ciudadanos, precisamente los que menos se benefician de los catorce años de espectacular crecimiento económico. Las elevadas tasas de inflación (un 4,9% en agosto de 2008) y el desorbitado déficit exterior (10,7% del PIB), agudizan un complicado escenario que ya pasa factura en forma de mas de medio millón de nuevos parados. Los pensionistas, las personas desempleadas y empleadas precarias, las trabajadoras, los jóvenes o los ochocientos euristas, que ya padecieron un modelo de crecimiento injusto, no pueden continuar soportando la miseria de un modelo económico que margina a la mayoría social mientras una determinada elite económica se enriquece, en demasiadas ocasiones de formal inmoral, cuando no delictiva.

Esta es la enésima crisis del Capitalismo desde que en la década de los años 70 se apostó por un modelo basado en la especulación. A través de complejos procesos de ingeniería financiera y de creación de nuevos instrumentos de inversión opacos, se ha llegado a contaminar de tal forma los balances de algunos bancos que, además de haber llevado a alguno a la quiebra, han generado una situación de desconfianza tal entre los propios participes del mercado que han provocado una restricción de los créditos e inutilizado en gran medida las actuaciones realizadas por los grandes Bancos Centrales para paliar esta delicada situación, llevando al modelo a un callejón sin salida.

Pero además, nuestro propio modelo de desarrollo ya estaba enfermo, donde el retraso tecnológico y de dotación de capital y la pérdida continua de competitividad eran síntomas de ello. Así y tras casi quince años de bonanza económica y especulación salvaje, en donde las empresas han obtenido los mayores beneficios de la historia, se ha realizado una regresiva política fiscal y de subvenciones dirigida a fomentar la rentabilidad de las empresas y de algunos particulares, y se ha convivido con niveles de economía sumergida cercanos al 25% del PIB, la contrapartida obtenida por los trabajadores se ha traducido en pérdidas de poder adquisitivo de los salarios y de su peso en la renta nacional, unos niveles de temporalidad, precariedad y siniestralidad vergonzantes que continúan marcando la realidad laboral de nuestro país, una degradación de los servicios públicos y un endeudamiento histórico de las familias.

Esta crisis se produce en un contexto de ofensiva europea contra los derechos sociales, como muestran las recientes directivas de retorno y de tiempo de trabajo donde, por un lado, se criminaliza al inmigrante, y por otro lado, se exige trabajar más horas a la semana y durante más años con las acciones de ampliación de la edad laboral, y de un giro más nítido a la derecha del Gobierno de Zapatero, como muestra la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio o el incremento de las tarifas eléctricas, unido al recorte del gasto público o la suspensión de la oferta pública de empleo.

Son medidas socialmente inaceptables, que perjudican a la mayoría social y benefician claramente a quienes fueron los principales beneficiarios de la larga etapa de crecimiento, que la izquierda debe combatir para conseguir una salida social a la crisis, que favorezca un cuestionamiento del actual sistema y ayude a cimentar un sistema productivo con mayor capacidad de estabilidad y redistribución,
con mayor protección social y con los requerimientos ambientales precisos en el consumo y en la producción para hacerlo sostenible.