POR EL TRABAJO DECENTE
NO A LAS 65 HORAS DE JORNADA SEMANAL
CONCENTRACIÓN EN MADRID 7 DE OCTUBRE, 18,30 PLAZA MAYOR
La actual crisis económica es de muy hondo calado y sus consecuencias en términos de empleo y de bienestar social ya empiezan a ser dramáticas para millones de ciudadanos, precisamente los que menos se benefician de los catorce años de espectacular crecimiento económico. Las elevadas tasas de inflación (un 4,9% en agosto de 2008) y el desorbitado déficit exterior (10,7% del PIB), agudizan un complicado escenario que ya pasa factura en forma de mas de medio millón de nuevos parados. Los pensionistas, las personas desempleadas y empleadas precarias, las trabajadoras, los jóvenes o los ochocientos euristas, que ya padecieron un modelo de crecimiento injusto, no pueden continuar soportando la miseria de un modelo económico que margina a la mayoría social mientras una determinada elite económica se enriquece, en demasiadas ocasiones de formal inmoral, cuando no delictiva.
Esta es la enésima crisis del Capitalismo desde que en la década de los años 70 se apostó por un modelo basado en la especulación. A través de complejos procesos de ingeniería financiera y de creación de nuevos instrumentos de inversión opacos, se ha llegado a contaminar de tal forma los balances de algunos bancos que, además de haber llevado a alguno a la quiebra, han generado una situación de desconfianza tal entre los propios participes del mercado que han provocado una restricción de los créditos e inutilizado en gran medida las actuaciones realizadas por los grandes Bancos Centrales para paliar esta delicada situación, llevando al modelo a un callejón sin salida.
Pero además, nuestro propio modelo de desarrollo ya estaba enfermo, donde el retraso tecnológico y de dotación de capital y la pérdida continua de competitividad eran síntomas de ello. Así y tras casi quince años de bonanza económica y especulación salvaje, en donde las empresas han obtenido los mayores beneficios de la historia, se ha realizado una regresiva política fiscal y de subvenciones dirigida a fomentar la rentabilidad de las empresas y de algunos particulares, y se ha convivido con niveles de economía sumergida cercanos al 25% del PIB, la contrapartida obtenida por los trabajadores se ha traducido en pérdidas de poder adquisitivo de los salarios y de su peso en la renta nacional, unos niveles de temporalidad, precariedad y siniestralidad vergonzantes que continúan marcando la realidad laboral de nuestro país, una degradación de los servicios públicos y un endeudamiento histórico de las familias.
Esta crisis se produce en un contexto de ofensiva europea contra los derechos sociales, como muestran las recientes directivas de retorno y de tiempo de trabajo donde, por un lado, se criminaliza al inmigrante, y por otro lado, se exige trabajar más horas a la semana y durante más años con las acciones de ampliación de la edad laboral, y de un giro más nítido a la derecha del Gobierno de Zapatero, como muestra la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio o el incremento de las tarifas eléctricas, unido al recorte del gasto público o la suspensión de la oferta pública de empleo.
Son medidas socialmente inaceptables, que perjudican a la mayoría social y benefician claramente a quienes fueron los principales beneficiarios de la larga etapa de crecimiento, que la izquierda debe combatir para conseguir una salida social a la crisis, que favorezca un cuestionamiento del actual sistema y ayude a cimentar un sistema productivo con mayor capacidad de estabilidad y redistribución, con mayor protección social y con los requerimientos ambientales precisos en el consumo y en la producción para hacerlo sostenible.
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La actual crisis económica es de muy hondo calado y sus consecuencias en términos de empleo y de bienestar social ya empiezan a ser dramáticas para millones de ciudadanos, precisamente los que menos se benefician de los catorce años de espectacular crecimiento económico. Las elevadas tasas de inflación (un 4,9% en agosto de 2008) y el desorbitado déficit exterior (10,7% del PIB), agudizan un complicado escenario que ya pasa factura en forma de mas de medio millón de nuevos parados. Los pensionistas, las personas desempleadas y empleadas precarias, las trabajadoras, los jóvenes o los ochocientos euristas, que ya padecieron un modelo de crecimiento injusto, no pueden continuar soportando la miseria de un modelo económico que margina a la mayoría social mientras una determinada elite económica se enriquece, en demasiadas ocasiones de formal inmoral, cuando no delictiva.
Esta es la enésima crisis del Capitalismo desde que en la década de los años 70 se apostó por un modelo basado en la especulación. A través de complejos procesos de ingeniería financiera y de creación de nuevos instrumentos de inversión opacos, se ha llegado a contaminar de tal forma los balances de algunos bancos que, además de haber llevado a alguno a la quiebra, han generado una situación de desconfianza tal entre los propios participes del mercado que han provocado una restricción de los créditos e inutilizado en gran medida las actuaciones realizadas por los grandes Bancos Centrales para paliar esta delicada situación, llevando al modelo a un callejón sin salida.
Pero además, nuestro propio modelo de desarrollo ya estaba enfermo, donde el retraso tecnológico y de dotación de capital y la pérdida continua de competitividad eran síntomas de ello. Así y tras casi quince años de bonanza económica y especulación salvaje, en donde las empresas han obtenido los mayores beneficios de la historia, se ha realizado una regresiva política fiscal y de subvenciones dirigida a fomentar la rentabilidad de las empresas y de algunos particulares, y se ha convivido con niveles de economía sumergida cercanos al 25% del PIB, la contrapartida obtenida por los trabajadores se ha traducido en pérdidas de poder adquisitivo de los salarios y de su peso en la renta nacional, unos niveles de temporalidad, precariedad y siniestralidad vergonzantes que continúan marcando la realidad laboral de nuestro país, una degradación de los servicios públicos y un endeudamiento histórico de las familias.
Esta crisis se produce en un contexto de ofensiva europea contra los derechos sociales, como muestran las recientes directivas de retorno y de tiempo de trabajo donde, por un lado, se criminaliza al inmigrante, y por otro lado, se exige trabajar más horas a la semana y durante más años con las acciones de ampliación de la edad laboral, y de un giro más nítido a la derecha del Gobierno de Zapatero, como muestra la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio o el incremento de las tarifas eléctricas, unido al recorte del gasto público o la suspensión de la oferta pública de empleo.
Son medidas socialmente inaceptables, que perjudican a la mayoría social y benefician claramente a quienes fueron los principales beneficiarios de la larga etapa de crecimiento, que la izquierda debe combatir para conseguir una salida social a la crisis, que favorezca un cuestionamiento del actual sistema y ayude a cimentar un sistema productivo con mayor capacidad de estabilidad y redistribución, con mayor protección social y con los requerimientos ambientales precisos en el consumo y en la producción para hacerlo sostenible.
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