La
marea blanca vuelve este domingo a su cauce en las calles de la capital y lo
hace decidida ahora a hablarle al consejero de Sanidad madrileño en su mismo
idioma. Si en el discurso de Javier Fernández-Lasquetty no existe la privatización, sino la adopción de
“fórmulas más eficientes que consuman menos recursos públicos", los
profesionales sanitarios tienen algo que replicarle: las camas privatizadas de
los hospitales de Madrid resultan más caras que las públicas.
Es
lo que demuestra el informe publicado esta semana por el sindicato CSIT
Unión Profesional, el mayoritario entre los funcionarios, que analiza los
presupuestos de la comunidad para 2012 y concluye que costear una cama en los
hospitales enteramente públicos le sale al contribuyente por 955 euros diarios,
un 74% más barato que los 1.660 que cuesta mantenerla en los hospitales
donde la gestión sanitaria está privatizada.
Basta
con contrastar los presupuestos de uno y otro modelo. La Administración asigna
a los hospitales de servicios sanitarios privatizados –el Infanta Elena de
Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz, el Nuevo Móstoles y la Fundación Jiménez
Díaz– una cantidad de 553.820.728 euros anuales para mantener 914 camas funcionantes
y atender a una población de 820.000 personas. Los hospitales públicos
tradicionales de la región, por el contrario, reciben un volumen de 2.792.531.561
euros anuales para atender las necesidades de salud de 4.201.169 personas y una
oferta de 8.010 camas funcionantes. Es decir; cada plaza hospitalaria le
cuesta a la Comunidad 665 euros diarios más si su gestión está en manos
privadas. Al año paga 256.000 euros extra por cada una de ellas.
La
elaboración de este análisis "de coste y eficiencia", en palabras del
portavoz del Gabinete de Estudios de CSIT y responsable de la
coordinación del informe, Juan Luis Martín, persigue un fin sencillo:
"Comprobar si la sanidad privada es más barata para el contribuyente, como
repite el Gobierno a falta de estudios previos que avalen su decisión de
privatizar". Y las cifras globales, asegura, hablan por sí mismas.
"Con los mismos recursos, la sanidad pública madrileña rinde más que la
privada".
Incluso
en el recuento paciente a paciente. La atención a un ciudadano en un hospital
de gestión sanitaria privada –que acuda a consulta o a un tratamiento, sin que
necesariamente resulte ingresado– le cuesta a la Administración 675 euros
anuales. En los hospitales de gestión pública ese mismo promedio es de 664
euros. Cada año, la Comunidad paga 11 euros extra por cada paciente asignado a
un hospital privatizado.
Esa
diferencia, sostiene el sindicato, corresponde al margen de beneficio de la
empresa que lo gestiona. CSIT-UP estima que "el 20% de los impuestos,
uno de cada 5 euros, destinados a financiar la sanidad irán a beneficio de las
empresas privadas gestoras". En un modelo de gestión pública, recuerdan,
"el 100% de los impuestos recae en la financiación del sistema".
Cobrar
por vecino, no por paciente
Las
plataformas antiprivatización no solo critican la cantidad de dinero, sino el
modo de financiación. Estos hospitales públicos madrileños donde lo sanitario
está en manos privadas –bajo el modelo PPP, o public-private partnership,
por sus siglas en inglés– reciben de la Administración una cantidad fija o
canon que depende no del número de pacientes que atiendan, sino del número
de vecinos que tengan asignados. Si esos vecinos no hacen uso del hospital,
las empresas cobran igual.
Antonio
Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad –CAS–,
pone el ejemplo de Torrejón de Ardoz, donde la Consejería de Sanidad establece
el pago de una cantidad de 571,50 euros por paciente potencial, unos 133.000 en
su área de referencia. Las empresas adjudicatarias –un consorcio de Ribera
Salud, Asisa y FCC– reciben 428,35 euros asignados a la asistencia sanitaria y
otros 143,15 euros anuales por la prestación de servicios no sanitarios, como
la administración o la limpieza.
En
total, Madrid paga al hospital 76,1 millones de euros anuales con
independencia de la cantidad de pacientes que atienda. "Da igual que
los vecinos vayan o no al hospital, sea por propia decisión o porque el centro
carezca de la unidad específica para tratarlos", explica Gómez.
"Da igual que muchos pacientes de la zona, como de hecho ocurre, prefieran
ir a los grandes centros públicos de la capital y no utilicen el hospital de su
localidad. La empresa que lo gestiona se lleva el dinero público igual".
Inversión
rentabilizada
Según
CAS Madrid, el lucro no acaba en estos hospitales totalmente privatizados, sino
que se extiende a los del modelo mixto –Henares, Infanta Sofía, Infanta Leonor,
Infanta Cristina, Majadahonda, Tajo y Sureste–. En los últimos cinco
años, la Administración ha pagado más de 990 millones de euros a las
empresas concesionarias de estos hospitales donde las camas son
públicas y sus médicos y enfermeras, funcionarios.
Estos
centros funcionan bajo el modelo PFI –private finance iniciative–. La
sanidad depende directamente de lo público, pero los servicios no sanitarios
–administración, seguridad, limpieza, logística...– están concedidos a
compañías privadas. También fueron empresas privadas, como Dragados, FCC,
Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, Hispánica y CVC Capital Partners, quienes
construyeron sus inmuebles. Así, este conjunto de empresas reciben un canon
público por la prestación de servicios no asistenciales y para la amortización
de la inversión en construcción.
"La
construcción y equipamiento básicos de estos hospitales costaron alrededor de
840 millones de euros", advierte Gómez. "Según nuestros cálculos, en
2011 el conjunto del sector había recuperado el 92% de esta cantidad y al
término de 2012 ya habrán rentabilizado su inversión".
Gómez
no duda de la calidad del negocio. "Los contratos vencen en treinta años y
pueden prorrogarse otros treinta más", explica. "Es una inversión
inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los
contribuyentes".
Ni
más baratos ni más rentables
Los
sindicatos no son los únicos en remitirse a estas cifras. La Plataforma
de Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos madrileños –que
representa a casi 600 médicos de más de 20 centros sanitarios de la
región– dirigía esta semana una carta abierta a la ciudadanía ciñéndose al
mismo argumento. No es cierto, aseguran, "que la sanidad privada
sea más barata que la pública".
Aprovechando
el punto y seguido en los paros y huelgas de esta semana –convocadas de
nuevo para el 19 y 20 de diciembre–, los responsables médicos de la región
advierten de que en los países en que coexisten los modelos público y privado,
"el gasto sanitario por habitante y año es mucho más alto, y la aportación
de gasto público para ello también".
En
el caso madrileño, además, denuncian que "la aportación económica
que la Comunidad pretende pagar a los nuevos dueños es superior al coste
actual". En otras palabras; las empresas adjudicatarias de los
servicios "van a tener beneficio con el dinero de nuestros impuestos".
Coordinador
Gabinete Grupo Parlamentario IU
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